Por Luis Beatón

Corresponsal jefe en El Salvador

Expertos describen el proceso que encabeza el partido Nuevas Ideas (NI) como una “democracia” arropada por un populismo cuestionable y encuestas de opinión que ponen a Bukele en primer lugar en el mundo por haber logrado controlar la violencia en el país, indudablemente su principal carta de presentación.

Un análisis de esta situación, “Manifestaciones del autoritarismo en El Salvador: Las afectaciones a la sociedad civil”, publicado en la Revista Disruptiva por Fátima Guadalupe Rodríguez Pacas, licenciada en Sociología Universidad de El Salvador, aborda el tema con alguna crudeza.

Según la máster en Sociología de la Universidad Estatal de New York en Albany, Estados Unidos, el Régimen de Excepción se convirtió en el pilar de un sistema que utiliza las emergencias para diseñar e implementar legislaciones de corte autoritario que minan la democracia, el derecho a la participación y el Estado de derecho.

El derecho a la participación cívica se ve particularmente impactado ante las medidas de emergencia implementadas por el gobierno y diversos informes presentados por organizaciones sociales como Cristosal evidencian grandes retrocesos, aseveró.

Según la académica, esta última organización registró en su más reciente estudio sobre cierre de espacio cívico, “Ver, oír y callar”, que el 83 por ciento de las organizaciones de la sociedad civil adoptaron la autocensura como estrategia de supervivencia.

Rodríguez Pacas en su valoración aborda la eliminación de espacios de diálogo, como las mesas consultivas con el gobierno nacional y municipal, hecho que redujo significativamente las oportunidades de participación ciudadana en la toma de decisiones políticas.

Además, precisó que la criminalización de líderes sociales y activistas ha intensificado un clima de miedo. Casos como la cesantía de Idalia Zúñiga, líder sindical despedida tras participar en protestas, evidencian la intención del gobierno de generar temor y desarticular acciones de resistencia de los movimientos sociales.

En sus consideraciones, la socióloga subrayó que en los últimos años, El Salvador fue testigo de nuevas formas de manifestación de medidas de corte autoritario bajo el pretexto de garantizar la seguridad pública o la salud del pueblo.

El Régimen de Excepción es valorado como el pilar de un sistema que utiliza las emergencias para diseñar e implementar legislaciones de corte autoritario que minan la democracia, el derecho a la participación y el Estado de derecho, aspectos que preocupan a amplios sectores de la sociedad sin distinción de credos. Diversos analistas, de distintas tendencias políticas, coinciden con las valoraciones de Rodríguez Pacas, quien insiste en que el uso abusivo de decretos de emergencia en El Salvador representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos.

Aunque el gobierno justifica estas medidas como necesarias para garantizar la seguridad o la salud del pueblo, el impacto real es la consolidación de un modelo autoritario que silencia a la sociedad civil y restringe la participación política, sostienen.

El 18 de febrero, durante una participación en el programa de entrevistas Frente a Frente de la Telecorporación Salvadoreña (TCS), Eduardo Escobar, director Ejecutivo de la organización Acción Ciudadana -una asociación que promueve la reforma política del Estado, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción-, abordó aspectos de la problemática actual del país y su impacto.

Señaló que la reforma del artículo 248 de la Constitución del país, donde hay reglas que hay que cumplir, una legitimidad que respetar, es un sendero peligroso porque a través de ese cambio puede modificarse cualquier cosa, incluso, dijo, desaparecer la estructura del Estado.

Cuando un gobierno, opinó, no practica los derechos democráticos, puede hacer cualquier cosa. “No tiene límites”, puntualizó.

El directivo, crítico de las acciones gubernamentales desde un análisis de la ley fundamental del país, considera que existe un trabajo en el entorno gubernamental para hacer o mantener un sistema de partido hegemónico, o lo que es la concentración del poder.

Cuando partidos tradicionales como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) o el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), los dos extremos del espectro político, estuvieron en el gobierno, nunca hicieron nada en la Constitución para mantenerse en el poder indefinidamente. No hicieron nada para no salir del poder, valoró Escobar desde una posición crítica.

Consideró que todas las reformas actuales en la Asamblea Legislativa están siendo pensadas para concentrar el poder en un partido hegemónico.

Durante las valoraciones en el programa de entrevistas, el directivo abordó un elemento puntual y que preocupa en el país, la corrupción, una bandera que enarbola el gobierno, en especial contra sus opositores.

Cada vez hay menos información para determinar la corrupción existente, dijo, a no ser, por supuesto, la que presuntamente ejecutaron gobiernos y funcionarios anteriores. No es pareja la percepción de este delito, subrayó.

En valoraciones de grupos internacionales, el índice de corrupción de El Salvador no está muy bien situado, lo cual puede afectarlo y perder apoyo económico ante las multilaterales, algo peligroso cuando Bukele sitúa la recuperación económica como la principal meta en su segundo mandato.

Sin dudas es un escenario preocupante y a la vez desconcertante, pues las encuestas señalan que, pese a todo, el gobernante registra números insospechados de apoyo entre sus compatriotas y allende los mares.

arb/lb