Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal en Panamá

Vivir más años constituye, sin dudas, un logro social y sanitario, pero no necesariamente significa vivir mejor. La transición demográfica obliga a replantear desde ahora las políticas de salud, empleo, pensiones, cuidados y participación social.

Las cifras ofrecen una dimensión del fenómeno. Para 2026, la edad promedio de la población panameña se estima en 30,6 años y el índice de envejecimiento alcanza 61,5, lo que significa que por cada 100 menores de 15 años existen unas 61,5 personas mayores.

Aunque todavía predominan niños y adolescentes en la estructura poblacional, las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) indican que ese indicador podría llegar a 104 en 2035.

En otras palabras, en menos de una década los mayores podrían superar numéricamente a los menores de 15 años, una transformación con profundas implicaciones económicas y sociales.

MAYOR DEPENDENCIA

También preocupa la relación de dependencia. Actualmente existen 52,75 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar, proporción que podría elevarse al menos a 70 en 2050.

El Censo de Población de 2023 registró 563 mil 641 personas de 60 años y más. Las proyecciones elevan esa cifra a 690 mil 666 en 2026 y a 962 mil 468 en 2035.

Pero el problema no se limita a contar cuántos serán los adultos mayores. La verdadera interrogante es en qué condiciones llegarán a esa etapa de la vida.

Del total censado, 43,4 por ciento estaba jubilado o pensionado, con un ingreso promedio mensual de 554,59 dólares. Solo 38,5 por ciento tenía seguridad social y 73,9 por ciento no era económicamente activo.

A ello se suma una situación sanitaria que puede aumentar la dependencia. El 42 por ciento de los panameños padece hipertensión arterial, 15 por ciento de los mayores de 15 años presenta diabetes tipo 2 y 71 por ciento de los adultos tiene exceso de peso, mientras 40 por ciento vive con obesidad.

MÁS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN

El panorama plantea una conclusión evidente: la preparación para la vejez no puede comenzar cuando una persona cumple 60 años. Debe iniciarse mucho antes, con políticas de prevención, educación financiera, promoción de hábitos saludables y condiciones laborales que permitan construir una vejez económicamente sostenible.

La abogada especialista en políticas públicas Shanntal Veiga considera que Panamá llega tarde a esta discusión y advierte sobre la necesidad de construir políticas que permitan envejecer con derechos y garantías.

El país cuenta con instrumentos legales, entre ellos la Ley 431 de 2024, que crea el Sistema Nacional de Cuidados; la Ley 23 de 2021 sobre Economía Plateada y la Política Pública a favor de las Personas Mayores 2024-2030.

El problema, como ocurre con frecuencia en otros ámbitos de la administración pública, está en convertir las normas en acciones sostenibles y respaldadas financieramente.

Los recursos asignados al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) reflejan además las limitaciones existentes. El presupuesto aprobado para 2026 asciende a 238,6 millones de dólares, mientras el proyecto para 2027 contempla 191,8 millones.

Más que una cuestión presupuestaria, el envejecimiento supone un cambio de paradigma. María Inés Castillo, exministra de Desarrollo Social y presidenta en Panamá de The Shift, plantea pasar de una visión asistencialista hacia una verdadera inclusión de las personas mayores.

Ese cambio implica reconocer que quienes llegan a la tercera edad no constituyen únicamente una población que necesita cuidados, sino también un segmento con experiencia, capacidades, conocimientos y potencial productivo.

NO A LA DISCRIMINACIÓN

La llamada economía plateada adquiere así una importancia creciente. El envejecimiento puede generar nuevos mercados, emprendimientos y servicios, además de trayectorias laborales más prolongadas.

Pero para ello será necesario combatir la discriminación por edad y eliminar barreras que dificultan la permanencia de las personas mayores en el mercado laboral y en la vida social.

La discusión alcanza también a las empresas. Preparar a los trabajadores para el final de su vida laboral mediante educación financiera y planificación de largo plazo podría convertirse en una herramienta fundamental ante pensiones que, en muchos casos, resultan insuficientes.

Desde la perspectiva de la salud, el desafío es igualmente amplio. La prevención de enfermedades crónicas y el fortalecimiento de los sistemas de cuidado serán determinantes para evitar que el aumento de la longevidad se traduzca automáticamente en mayores niveles de dependencia.

Panamá cuenta desde 2024 con una Política Pública a favor de las Personas Mayores 2024-2030, orientada a promover el envejecimiento saludable, la seguridad económica y entornos propicios para esta población.

Sin embargo, la rapidez con que cambia la estructura demográfica exige acelerar su aplicación y garantizar los recursos necesarios.

CENTROS DE ATENCIÓN

Un primer paso será la apertura prevista a principios de 2027 de un centro de atención diurna para personas mayores en el corregimiento de Juan Díaz, en esta capital, con capacidad estimada entre 50 y 100 usuarios.

El proyecto contempla terapia ocupacional, capacitación, recreación y atención de trabajo social, con la aspiración de replicar posteriormente este modelo en otras provincias.

El Mides tiene además bajo su responsabilidad unos 79 centros de larga estancia, donde son atendidas alrededor de dos mil personas mayores.

Son esfuerzos importantes, pero insuficientes ante la dimensión del cambio que se avecina.

El envejecimiento demográfico no es únicamente un asunto de quienes hoy tienen 60, 70 u 80 años. Es, sobre todo, un desafío para las generaciones que actualmente tienen 20, 30 o 40 años y que vivirán durante más tiempo.

Por eso, preparar a Panamá para la longevidad significa actuar ahora. De lo contrario, el país podría encontrarse dentro de unas décadas con una población más longeva, pero también más vulnerable y dependiente.

La pregunta, entonces, no debería ser si Panamá va a envejecer. La verdadera interrogante es si tendrá la capacidad de garantizar que sus ciudadanos puedan vivir más años, pero también con dignidad, autonomía, salud y oportunidades.

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