Por Adriana Robreño
Corresponsal jefe en Ecuador
La ministra del Interior Mónica Palencia informó que del 1 de enero al 15 de diciembre hubo una reducción de 16,5 por ciento de homicidios a escala nacional.
Eso significa que de siete mil 838 crímenes en 2023, bajaron a seis mil 547, números alarmantes en un país fue de los más seguros de la región.
Si bien el Ejecutivo divulga la narrativa de más seguridad ciudadana, cada día los medios locales se hacen eco de masacres, secuestros y extorsiones.
El 9 de enero de este año, Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno y calificó de terroristas a las bandas criminales ligadas al narcotráfico.
Además, en esa fecha el jefe de Estado militarizó las cárceles y decretó estado de excepción luego de ola de violencia en varias provincias, incluso dieron la vuelta al mundo las imágenes de un asalto al canal TC Televisión en plena transmisión en vivo.
De acuerdo con un fallo de la Corte Constitucional emitido en noviembre, la población ecuatoriana vivió nueve de los primeros 11 meses del año en medio de la excepcionalidad como medida dirigida a combatir la violencia y con suspensiones de derechos.
Por tal motivo, exhortaron a las autoridades a utilizar las medidas previstas en el régimen ordinario para combatir la crisis de seguridad existente en el país.
En su más reciente decreto de estado de excepción, Noboa incluyó a la capital, seis provincias del país, así como el municipio de Camilo Ponce Enríquez, enclave minero de Azuay.
Esas medidas ampararon la actuación de militares en operaciones internas contra el crimen organizado.
No obstante, la inseguridad persiste y genera un impacto profundo en la sociedad, con afectaciones en la vida cotidiana y también el desarrollo económico y como resultado una reducción del turismo y las inversiones.
Expertos advirtieron que los estados de excepción y la militarización no son la solución, sino otras medidas para resolver la raíz del problema, desigualdad, pobreza, desempleo, falta de oportunidades.
PLAN FÉNIX VS. CRIMEN ORGANIZADO
En los últimos tiempos, Ecuador pasó de ser un país de tránsito a un punto clave en la cadena de suministro del narcotráfico por la ubicación de sus puertos y una economía dolarizada.
Bandas locales y transnacionales se disputan territorios y el control de rutas marítimas, fluviales y terrestres, lo cual contribuye al incremento de los niveles de violencia, con mayor incidencia en las provincias costeras.
Choneros, Lobos, Tiguerones y otras pandillas aumentaron su presencia en diversas regiones, donde desarrollan sus actividades ilícitas, como el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro y el sicariato.
A eso se suma la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, el sistema judicial, e instituciones públicas, que socavan la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado.
Ante esa situación, el presidente Noboa aseguró desde la campaña electoral de 2023 que contaba con una estrategia, denominada Plan Fénix, para enfrentar la crisis de seguridad.
Para el legislador Leonardo Berrezueta, de la Revolución Ciudadana, “el Plan Fénix es una ilusión, una promesa vacía, un lindo spot de marketing político” y consideró que Palencia, como funcionaria, “ha fallado en todos los frentes, desde la fuga de presos peligrosos, hasta la falta de un plan de seguridad”.
Pese a la situación y a esas acusaciones, la ministra se salvó de un juicio político en el legislativo que, entre otras acusaciones, tenía como argumento la inexistencia de ese Plan.
“El plan Fénix sí existe, no son cuatro páginas”, se defendió la titular ante el pleno parlamentario ante el cual exhibió un libro grueso, aunque mencionó que su contenido era reservado.
APOYO DE EEUU
A raíz de los sucesos de enero de 2024, que causaron conmoción en Ecuador -sobre todo el asalto al canal TC Televisión y la declaratoria de conflicto armado interno- la presencia de Estados Unidos para cuestiones de la seguridad interna ecuatoriana se ha hecho evidente.
El pasado 15 de febrero, Noboa ratificó dos convenios pactados con Washington en materia de seguridad, que son cuestionados por organizaciones sociales y expertos.
Mediante dos decretos ejecutivos, el mandatario confirmó la entrada en vigor del convenio relativo al Estatuto de las Fuerzas y el que trata las Operaciones Contra Actividades Marítimas Transnacionales Ilícitas.
El Estatuto de las Fuerzas, firmado en 2023 durante el mandato del entonces presidente Guillermo Lasso y ratificado este año, permite privilegios e inmunidad diplomática al personal militar y civil del Departamento de Defensa y sus contratistas.
A raíz de la firma de esos acuerdos y tras la visita de diversos funcionarios de alto rango del gobierno estadounidense, incluida la jefa del Comando Sur, la general Laura Richardson, disímiles voces se pronunciaron contra ese acercamiento por sus implicaciones para la soberanía del país sudamericano.
En abril pasado, ambos gobiernos firmaron una carta de intención mediante la cual la nación norteña se compromete a entregar al gobierno sudamericano 10 millones de dólares para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.
Desde mediados de diciembre, una resolución aprobada por el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, permite a buques, personal militar, armamento, equipamiento y submarinos instalarse en esas islas del Pacífico declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad.
De acuerdo con el documento, el objetivo es hacer frente a los retos de seguridad, como el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas marítimas en el archipiélago, ubicado a unos mil kilómetros de las costas continentales de Ecuador.
Si bien en esta nación sudamericana está prohibido el establecimiento de bases militares, Noboa envió al parlamento una reforma parcial a la Constitución para eliminar ese artículo.
La modificación aún está en debate en el legislativo y, en caso de ser aprobada en esa instancia, deberá luego ser consultada en las urnas.
CÁRCELES Y VIOLACIONES DE DERECHOS
Por otro lado, la situación en las cárceles, que permanecen bajo el control de las Fuerzas Armadas, es compleja, incluso varias masacres tuvieron lugar este año en los centros de privación de libertad.
Medios de comunicación locales divulgaron que uno de los problemas existentes en las penitenciarías es la falta de comida, un nuevo aliciente para las disputas internas. La compañía Lafattoria, la cual proveía de alimentos a una parte de los recintos carcelarios, dejó de ofrecer ese servicio por la falta de pagos del Gobierno, que acusó a la compañía de supuestos vínculos con el crimen organizado y pidió a la Fiscalía una investigación.
Organizaciones defensoras de derechos humanos de Ecuador manifiestan preocupación por los derechos de los reclusos y denuncian abusos dentro de las prisiones.
Según expertos y activistas, las cárceles pasaron de estar en manos de los cabecillas de las bandas criminales a un control militar, en el cual no hay garantías de derechos, ni siquiera una alimentación mínima.
La Coordinadora por la Paz la Soberanía, la Integración y la No Injerencia (CPAZ) afirmó que este año la sociedad ecuatoriana ha sufrido un retroceso en sus derechos civiles y políticos en el marco de los estados de excepción y de conflicto armado.
Esas medidas restringen los derechos de reunión y generan zozobra por allanamientos policiales y militares, denunció CPAZ en un comunicado a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos.
De acuerdo con ese colectivo, hasta mayo fueron capturadas 34 mil 952 personas como parte del denominado Plan Fénix, al tiempo que la Fiscalía registró hasta junio 226 denuncias por extralimitaciones de las fuerzas de seguridad y abrió 12 investigaciones sobre posibles ejecuciones extrajudiciales.
arc/avr
