Por Lianet Arias Sosa
Corresponsal jefa en México
Según especialistas, la planta no surgió de manera silvestre, sino que las más de 55 razas nativas existentes en el país tienen su origen en la domesticación emprendida hace miles de años por los primeros pobladores de Mesoamérica.
Hace mucho tiempo sus granos alimentaron a antiguas civilizaciones, pero también ahora llegan a las mesas de las familias mexicanas en platillos tan disímiles como tamales, esquites, pozoles y tortillas, esta última esencial en la dieta de los nacidos aquí.
Por eso no asombra la insistencia de autoridades, organizaciones del campo, científicos y otros expertos en proteger un legado que conecta y atraviesa la identidad de la nación y cuya expresión en todos los ámbitos de la sociedad tal vez se resuma en la frase “Sin maíz no hay país”.
Esta realidad condujo al expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) a promulgar el año pasado un decreto que prohibió el uso del grano genéticamente modificado para la masa y la tortilla, decisión sustentada en proteger la salud humana y preservar el patrimonio biocultural.
La normativa también estableció revocar y abstenerse de otorgar permisos de liberación al ambiente de ese tipo de semillas e indicó a las instituciones realizar las acciones conducentes a la sustitución gradual del maíz transgénico para comida animal y de uso industrial para consumo humano.
Aunque México es autosuficiente en la producción del grano blanco no transgénico, base de la alimentación, también resulta el principal receptor de las exportaciones de variedad amarilla desde Estados Unidos, que decidió llevar el tema ante un panel de resolución de controversias en el T-MEC.
La determinación del órgano examinador se conoció en días recientes y apoyó a la vecina nación, por considerar que las medidas de México no se basan en la ciencia y socavan el acceso al mercado que acordó proporcionar en el tratado comercial trilateral con el país norteño y Canadá.
Washington no demoró en celebrar la sentencia: la representante comercial Katherine Tai señaló que esta “reafirma las preocupaciones de larga data de Estados Unidos sobre las políticas biotecnológicas de México y su impacto perjudicial en las exportaciones agrícolas estadounidenses”.
Para el secretario norteamericano de Agricultura, Tom Vilsack, las prohibiciones de esta nación “contradecían décadas de evidencia que demuestran la seguridad de la biotecnología agrícola, respaldada por sistemas de revisión regulatoria basados en la ciencia y el riesgo”.
Sin embargo, precisamente la ciencia indica que los cultivos de este tipo de planta están plenamente asociados con el uso de herbicidas como el glifosato, clasificado por la Organización Mundial de la Salud como probable carcinógeno, y cuyos residuos permanecen en alimentos.
Antes de la determinación del panel, México sostuvo en marzo que el proceso regulatorio estadounidense no es lo suficientemente estricto para garantizar que los productos sean seguros para los mexicanos, quienes consumen 10 veces la cantidad del grano ingerido en el vecino país.
También presentó pruebas sobre los riesgos que entraña para las variedades nativas el polen transgénico, que puede minar la integridad genética de un recurso natural valioso no sólo para este territorio, sino para el mundo, y atentar con ello contra la biodiversidad.
La nación latinoamericana señaló, asimismo, su cumplimiento con el mandato del T-MEC de usar la “medida que distorsione menos el comercio” disponible para lograr una política deseada, pues las acciones no afectaron el intercambio bilateral.
SENTENCIA CONTRA LA VIDA
Un editorial del prestigioso diario La Jornada sintetizó en días recientes la sentencia: “El panel de resolución de controversias del T-MEC falló en contra de México, la biodiversidad y la vida en la disputa interpuesta por Estados Unidos para abrogar el decreto”.
El gobierno de Joe Biden, añadió, dio una batalla jurídica “para favorecer no a sus ciudadanos, sino a cuatro grandes corporaciones globales y un puñado de granjeros ricos”.
A juicio del coordinador del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, resulta innegable que para Estados Unidos el conflicto tiene una connotación evidentemente comercial.
Sin embargo, contrastó, para México implica la protección de su soberanía alimentaria y su patrimonio biocultural.
Mediante un comunicado conjunto de las secretarías de Agricultura y Economía, este país manifestó su desacuerdo con la decisión del panel, pues “las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y los derechos de los pueblos indígenas”.
A pesar de ello, manifestó su respeto al fallo y enfatizó la determinación de seguir buscando reivindicar los derechos de todos los habitantes locales al reafirmar su compromiso con la protección de la salud, el medio ambiente y la biodiversidad.
Luego de difundirse la determinación del órgano examinador, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su seguridad en que el Congreso legislará en 2025 para prohibir la siembra del grano genéticamente modificado en la nación latinoamericana.
“Con la ayuda de las y los senadores, de los diputados, pues vamos a darle la vuelta a esta resolución, porque muy pronto, en febrero, van a legislar –estoy segura- que no se puede sembrar maíz transgénico y hay que proteger la biodiversidad de México”, afirmó.
Parlamentarios de ambas cámaras manifestaron su respaldo a la iniciativa, la cual comenzaría a debatirse a principios de año para beneficio de una población que consume anualmente alrededor de 24 millones de toneladas de maíz blanco no transgénico.
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