Por Ivette Fernández

Corresponsal jefa en Colombia

Una lectura epidérmica de la situación podría hacer creer que solo se trata de un debate en torno a una reforma laboral para instaurar una jornada de ocho horas o para conferir recargos salariales a quienes trabajen en días festivos o de descanso, pero el asunto va más allá de un simple cambio de legislación.

Tampoco tiene que ver únicamente con la entronización del pulso entre el Legislativo y el Ejecutivo por los impedimentos del primero para aprobar los proyectos radicados por el segundo.

La cuestión es más profunda y tiene que ver con la búsqueda de reivindicaciones económicas y sociales en un país que, según un informe de 2024 del Banco Mundial, de cerca de 200 países en el mundo resulta el tercero más desigual.

Entre idas y venidas, la propuesta del Gobierno para modificar el marco jurídico sobre los derechos laborales lleva dos años en el Congreso.

En octubre del pasado año la reforma resultó aprobada por la Cámara de Representantes, lo cual fue calificado como un triunfo parcial porque de ese órgano salió mutilada.

La iniciativa recibió la anuencia de los legisladores tras haber sufrido la eliminación de una veintena de artículos referidos a los derechos colectivos, motivo por el cual desaparecieron cuestiones asociadas al derecho a huelga, así como otros temas defendidos por las centrales obreras como la posibilidad de declararse en paro en las empresas de servicios públicos.

Casi cinco meses después comenzó su tránsito en la Comisión Séptima del Senado, donde ocho senadores presentaron una ponencia de archivo y la mataron prematuramente.

La decisión, comentó a propósito el académico Germán Valencia Agudelo, la tomó un puñado de representantes políticos, a quienes se les señala de defender los intereses de unas élites económicas.

“A estas últimas (a las élites) no les interesa para nada echar para atrás las ventajas que les entregaron las reformas laborales anteriores. Y están presionando a los partidos y legisladores para que se opongan a cualquier reforma que les perjudique”, sentenció el catedrático.

Pero el asunto estuvo lejos de terminar ahí, y acto seguido el presidente, Gustavo Petro, aseguró que convocaría a una consulta popular para que fuera la propia ciudadanía quien sirviera como árbitro.

Solo había un problema: era la Plenaria del Senado quien debía dar luz verde al ejercicio de participación ciudadana.

Tras el llamado del presidente, Valencia aseguró que se estaba en presencia de una coyuntura candente de la política colombiana.

“Un momento donde se pone en oposición la opción de que sean las élites políticas las que determinen, como casi siempre se ha hecho, las reformas sociales, económicas y políticas; o la pluralidad de poderes que existen en la sociedad y que sea la ciudadanía la que tenga el poder de mandar sobre los poderes del Estado”, según juzgó.

CONSULTA POPULAR

Colombia es reconocido como el país con la jornada laboral más larga entre los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que integra a 38 naciones.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), por su parte, recomendó al territorio neogranadino adoptar medidas para limitar la jornada de trabajo, incluida la reducción gradual de la semana a 42 horas (hoy es de 46) y la fijación de un límite diario de ocho.

Según la legislación vigente, las horas se reducirán a 44 en julio de este año, y en igual mes de 2026 quedaría en 42, con lo cual no sería hasta dentro de un año que se alcanzará la recomendación de la OIT.

La reforma laboral del Gobierno era mucho más ambiciosa, y además de esa medida, buscaba otras como un recargo del 100 por ciento por el trabajo en día de descanso dominical o festivo.

Otros temas estaban asociados con la promoción de la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general, el diseño de un régimen especial para los empleados agrícolas y la eliminación de la tercerización e intermediación mediante contratos sindicales.

Tras el naufragio de la iniciativa, el presidente se proponía convocar a una consulta popular que planteaba 12 preguntas a las que la población debía responder sí o no sobre las cuestiones ya planteadas antes en el proyecto de ley.

De acuerdo con una encuesta de Polimétrica, el 57 por ciento de los colombianos estaba de acuerdo con la realización del ejercicio.

El sondeo, que tuvo una base de mil 596 ciudadanos, reveló asimismo que el 35 por ciento, casi cuatro de cada 10 de quienes se ubican ideológicamente en la derecha, también apoyaban la realización del ejercicio.

Sin embargo, esa posibilidad también murió el pasado 14 de mayo en la Plenaria del Senado con 47 votos a favor y 49 en contra, lo cual fue calificado por congresistas del Pacto Histórico, por miembros del Ejecutivo y por el propio Petro como resultado de una votación blanco de irregularidades.

Lo que sí hizo el órgano senatorial fue revivir la reforma laboral que había fenecido dos meses antes y encargó, esta vez a la Comisión Cuarta, retomar el tercer debate que nunca se dio en la Séptima.

No obstante el acto de resurrección del proyecto de ley, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la organización de su tipo más grande del país, rechazó el hundimiento de la consulta popular y llamó a dos días de paro nacional el 28 y el 29 de mayo.

REFORMA RECORTADA

Mientras las centrales obreras se preparaban para manifestarse a favor de la celebración del ejercicio de participación ciudadana, la Comisión Cuarta aprobó una reforma laboral que sufrió cambios sustanciales.

De acuerdo con la coalición política Pacto Histórico, el texto que finalmente salió del comité desconoce las luchas históricas del pueblo trabajador.

“Se suprimió la naturaleza laboral del contrato de aprendizaje, se negó el aumento de la licencia de paternidad, se eliminaron las licencias por menstruaciones incapacitantes, se permitió seguir utilizando el contrato sindical para tercerizar y debilitar la organización sindical, y se mantuvo la jornada de hasta 10 horas para trabajadoras domésticas internas”, denunció.

Esa colectividad alertó que, sin embargo, lo peor de todo es que se aprobaron medidas que abren la puerta a nuevas formas de explotación.

“Se legalizó la contratación por horas, una práctica que reduce los ingresos reales de las y los trabajadores y profundiza la desigualdad. Además, se introdujo la posibilidad de concentrar la jornada semanal en cuatro días sin pagar recargos por horas extras, lo que equivale a legalizar el robo cotidiano de tiempo y esfuerzo laboral”, advirtió.

Concluyó entonces la colectividad que lo aprobado desconoce la jurisprudencia, los compromisos internacionales del país y el mandato de avanzar hacia un trabajo decente.

Ahora todo queda en manos de la plenaria del Senado, donde se hundió antes la consulta popular.

De acuerdo con el Pacto Histórico y la CUT, será ese el espacio en el que buscarán que se regresen las prerrogativas perdidas en el tránsito de la reforma por el Congreso.

En medio de esta coyuntura, un texto del articulista Felipe Ramírez recordó que si bien “la reforma puede ser un paso hacia la democratización de las relaciones laborales y la garantía a un trabajo digno, no es suficiente para cambiar fundamentalmente la situación”.

Es quizás sobre esa premisa que las centrales obreras insisten en buscar el ejercicio que les permita a los ciudadanos decidir por sí mismos.

Según declaró el presidente de la CUT, Fabio Arias, las manifestaciones persiguen mandar un mensaje que va más allá del contexto puntual. Tienen por propósito, afirmó, decirle al Senado “que no puede seguir legislando en contra de la clase trabajadora y en contra del pueblo”.

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