Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

Para varios analistas, la vía de escape del exgobernante y líder del partido Realizando Metas -que llevó al poder al actual mandatario José Raúl Mulino-, pese a ser condenado en 2023 a más de 10 años de cárcel por lavado de dinero en el caso New Business, es otra afrenta a la justicia ordinaria.

Los estudiosos, entre ellos la exmagistrada Ana Matilde Gómez, recuerdan con frecuencia que el derecho internacional establece que a un condenado por delitos comunes no se le puede otorgar un asilo por razones políticas, como lo hizo el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Para ponerle más sazón a la olla de la discordia y el creciente rechazo popular al Ejecutivo, en Bogotá Martinelli festejó su “liberación“ cantando eufórico “El Rey”, de Vicente Fernández, en compañía del embajador panameño Mario Boyd, hermano del actual ministro de Salud, Fernando Boyd.

En su más reciente conferencia de prensa semanal, Mulino aseveró que requirió fuertemente al diplomático -su amigo personal-, al tiempo que estimó el gesto como un error garrafal, pero sin mayores consecuencias.

El jefe de Estado indicó además en su comparecencia, sin que con ello ofrezca credibilidad alguna, que nada tuvo que ver su administración con esa gestión de asilo.

MÁS CORRUPCIÓN

En tanto, para los movimientos populares, la huida de Martinelli el 10 de mayo con la complicidad del Ejecutivo es otra más de las arbitrariedades que enfrentan en las calles, como la imposición de la Ley 462, sobre reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), sin el consenso de los colectivos y estudiosos con propuestas diferentes al oficialismo para mejorar los servicios de salud y las pensiones.

A ello se suma el más reciente escándalo por corrupción con el envío de fondos de la CSS hacia cuentas del Estado, como parte de los abusos que explican la profunda insatisfacción ciudadana con el manejo político que ha tenido esta institución.

Desde la administración del propio Martinelli, se han utilizado fondos de otros programas de la entidad pública que atiende a jubilados como una medida desesperada para evitar enfrentar la reforma al sistema de pensiones, cuya insostenibilidad fue evidente tras los cambios insuficientes de expresidente Martin Torrijos (2004-2009).

El reciente desvío de 400 millones de dólares durante la gestión del exdirector de la CSS, Enrique Lau, es solo el último ejemplo de cómo ese ente ha sido tratado como una caja chica para cubrir déficits fiscales.

OTRAS CARAS DE LA CRISIS

El complejo panorama panameño lo completa la negativa del jefe de Estado a una salida política y dialogada ante los participantes en una huelga nacional indefinida contra la norma de la seguridad social.

En su conversatorio más reciente con la prensa, Mulino reafirmó que “al costo que sea” impedirá los cierres de carreteras como en la occidental provincia Bocas del Toro, protagonizados por pueblos originarios de la etnia Ngäbe Buglé y los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana), que exigen la derogación de la normativa.

Mulino además arremetió de manera tajante contra dirigentes y miembros del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs), al que calificó de “mafia” y cuyas cuentas ordenó cerrar en los bancos estatales en agosto de 2024.

“Tu fetiche por la represión será diezmado por dignidad y la resistencia popular”, respondió Suntracs en su cuenta de la red social de X, al tiempo que recalcó que los constructores siguen en paro.

A las demandas se añaden las críticas a los acuerdos firmados el 9 de abril último con Estados Unidos, pues distintos grupos denuncian que autorizan instalar bases militares.

La alianza Pueblo Unido por la Vida presentó ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Panamá una denuncia contra Mulino por el delito contra la personalidad internacional del Estado.

Según los abogados, se trata de acciones que atentan contra la soberanía y lesionan a la patria, al permitir la firma de un memorando de entendimiento con Washington y violar normas constitucionales.

Organizaciones denuncian abusos y uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y sus unidades antimotines en distintos puntos de protesta. Según datos oficiales, hay más de 190 detenidos y pérdidas económicas, de acuerdo con los gremios empresariales.

Ante este contexto, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal instaron a buscar el diálogo y dejar a un lado el uso de la fuerza y las imposiciones.

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