Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Lo que pocos se atreven a responder es si, tras casi 20 años de intentos fallidos, podrá lograrse su actualización durante la primera legislatura de este año, iniciada el 27 de febrero pasado, hasta julio próximo.

Un paso de avance es, sin duda, que la pieza volvió a desempolvarse y hoy es estudiada por una comisión bicameral especial del Congreso Nacional.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, calificó el proyecto de modificación al Código Penal como la pieza legislativa “macro” del Congreso Nacional durante el actual período.

Trabajaremos sin pausa, pero sin prisa, afirmó, para que esta norma jurídica sea modernizada y cumplir con esa deuda del Poder Legislativo.

“DEUDA”

Fue en el segundo gobierno de Leonel Fernández (2004-2008) que iniciaron los debates para renovar el Código Penal con el argumento de que su versión original, que data de 1844, no respondía a las necesidades de ese momento.

En 2006 el Congreso aprobó una reforma, pero el entonces presidente la devolvió por considerar que tenía incoherencias con el Código Procesal Penal.

Tiempo después, bajo la gestión de Danilo Medina (2012-2020), se sancionó una nueva adaptación que penalizaba toda interrupción del embarazo, lo que llevó al mandatario a frenar la pieza por la polémica sobre ese tema.

En una carta dirigida por Medina al entonces líder del Senado, Reinaldo Pared, el exmandatario afirmó estar en consonancia con la sociedad dominicana al pedir que se instituyan tres condiciones excepcionales para la despenalización.

Estas son “Cuando la vida de la madre corra peligro, cuando el embarazo fuese el resultado de una violación o incesto o se determinase clínicamente que el feto contiene una malformación que haga inviable la vida del concebido”.

Durante el primer mandato de Luis Abinader (2020-2024), las normas que establecen los delitos y las sanciones por cometerlos se mantuvieron en el centro del debate legislativo.

Ambas Cámaras del Congreso lo certificaron en más de una ocasión, lo que creó expectativas sobre su promulgación, pero la ley jamás llegó al Poder Ejecutivo que, representado por el presidente, tiene la decisión final.

Fue en diciembre de 2020 que el mandatario habló por primera vez en público sobre el tema. Señaló que, aunque estaba en desacuerdo con el aborto “libre”, sí consideraba que debía haber causales que lo permitieran.

Aunque el gobernante reitera que está de acuerdo con la despenalización sobre determinadas bases, también ha dejado claro que respetará la decisión del Congreso.

Más adelante, en abril de 2021, anunció que su Gobierno trabajaba en un proyecto de ley para aprobar la celebración de un referéndum con el propósito de que los dominicanos decidieran sobre este asunto que divide al país.

A inicios de este año, Abinader también mencionó el Código, pero en esta ocasión se centró en apoyar a quienes claman mayores penas contra las personas que cometan crímenes horrendos, asesinatos y actos de tortura y barbarie.

MÁS DE 10 MIL ABORTOS CADA AÑO

Más de 10 mil mujeres tienen un aborto en República Dominicana cada año desde 2019, ya sea por causas naturales o por complicaciones de salud, mientras en el país el debate sobre la despenalización de esa práctica divide a los representantes de sectores sociales.

Cifras del Repositorio de Información y Estadísticas de Servicios de Salud (Riess) revelaron que entre enero y septiembre de 2024, unas seis mil 525 interrumpieron el embarazo, y el promedio diario supera los 32 en los últimos cinco años.

De acuerdo con la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología, miles de hospitalizaciones ocurren por complicaciones derivadas de “abortos inseguros”.

Riess puntualizó que son las féminas entre 20 y 24 años las que más acuden a esa práctica y llamó la atención que en el primer trimestre de 2024 se notificaron 10 menores de 15 años, de abril a junio 51, y 18 entre julio y agosto.

PROPUESTAS EXCLUYEN TEMA POLÉMICO

El Congreso estudia cuatro propuestas similares, con la particularidad de que dejan fuera aspectos como la penalización a la discriminación por orientación sexual y los posibles motivos que permitirían realizar abortos sin consecuencias legales.

Dicha comisión deberá evaluar los proyectos, agruparlos, y presentar un informe en el hemiciclo para su aprobación o devolución.

La diputada oficialista Soraya Suárez sostuvo que el Código Penal avanzará en el Congreso sin incluir las tres causales y la ideología de género en la nueva reforma, temas que consideró “controversiales”.

Reconoció que una parte de la sociedad desea que se traten ambos aspectos; sin embargo, consideró que tendrían que suscribirse como leyes especiales, pues de lo contrario el Código no avanzará.

Las “causales” generan contradicciones al interior del ente gubernamental, donde se discuten posturas muy opuestas que contemplan desde la despenalización solo en casos excepcionales, hasta considerar delito que la madre ponga fin a la gestación por voluntad propia.

Algunos atribuyen a presiones externas la demora en su aprobación y coinciden en que estas quedan a un lado con la llegada al poder en Estados Unidos de Donald Trump y su oposición al aborto.

Mientras, el Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer exigió la convocatoria de vistas públicas ante la presentación en el Congreso Nacional de los cuatro proyectos.

La organización feminista argumentó que una consulta pública evitaría que las decisiones “sean impuestas por los partidos políticos que controlan los poderes públicos”.

UN CÓDIGO OBSOLETO

Las abogadas dominicanas Quezada Ortiz y Radhive Pérez coincidieron en señalar en un programa radial que las normas que regulan los comportamientos delictivos son obsoletas y no responden a las realidades del siglo XXI.

“Hoy, las mujeres siguen siendo víctimas de violencia sexual, física, psicológica y económica, y este código no las protege”, afirmó Quezada.

Según las juristas, la penalización de la finalización prematura del embarazo revictimiza a las mujeres y niñas, en especial a las adolescentes, muchas de ellas violadas por familiares o conocidos.

“¿Cómo podemos obligar a una niña de nueve años a parir?”, se preguntaron, y denunciaron que algunas mueren porque sus cuerpos no están preparados para una gravidez y parto.

Por su parte, el jurista y político Guillermo Moreno consideró que es inaplazable que los legisladores se aboquen sin dilaciones a sancionar el referido texto.

“Nos regimos por una legislación que, en 2026, cumplirá 200 años de vigencia y que no contempla los delitos modernos, ni las penas adecuadas para hacer justicia”, expresó Moreno en sus redes sociales.

Destacó que el proyecto en análisis adiciona más de 70 nuevos tipos penales, incluidos el feminicidio, los ataques con sustancias químicas, delitos informáticos y de corrupción.

Opinó que en esta ocasión la responsabilidad de que no se haya aceptado corresponde únicamente al oficialista Partido Revolucionario Moderno, que cuenta con la mayoría en ambas cámaras.

El político Daniel Pou dijo a Hoy Digital que, en su opinión, el real impedimento para su consentimiento reside en las figuras penales relacionadas con la sanción de la corrupción administrativa.

“Las tres causales son la excusa para evitar que el nuevo Código Penal, que incluiría nuevas figuras penales, muchas de ellas vinculadas a la corrupción administrativa desde el Estado y fuera del Estado, sea aprobado”, puntualizó.

Mientras, la sociedad dominicana continúa convulsionada con esta añeja situación en la que las principales afectadas son las mujeres, las que, como en otros aspectos, siempre llevan la peor parte.

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