Los siniestros en la región de Valparaíso dejaron 134 muertos, cientos de heridos, entre ellos una treintena en estado crítico, miles de viviendas calcinadas y unos 18 mil damnificados.
Aunque no con la virulencia de ahora, el territorio chileno se ve impactado cada verano por estos fenómenos, que están muy asociados a la influencia humana, explicó a Prensa Latina Alberto Alaniz, investigador de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).
Alaniz citó informes de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), según los cuales alrededor del 99 por ciento de esos desastres son provocados por descuidos, negligencia, o incluso de manera intencional, y son muy raros los producidos por tormentas eléctricas o erupciones volcánicas.
Toda la región central del país, más o menos desde Coquimbo hasta Los Lagos, experimentó en los últimos años una disminución muy fuerte de las lluvias y un aumento de las temperaturas, hasta llegar a los 40 grados, condiciones que propician el fuego, señaló el también geógrafo y doctor en ciencias biológicas especializado en ecología.
Ahora bien, en el caso concreto de Valparaíso y Viña del Mar hay una población muy grande que, buscando donde vivir, ha construido en zonas muy cercanas a donde se encuentran la vegetación nativa o las plantaciones de pino o eucaliptos, lo cual genera un riesgo muy grande.
Se trata –dijo- de sitios con una topografía compleja, lugares escarpados, de difícil acceso para los bomberos y en los que muchas veces hay basureros por donde comienzan las llamas.
Alaniz recordó también el conocido como el gran incendio de 2014 en la parte alta de la ciudad de Valparaíso, considerado como el mayor siniestro urbano, que destruyó dos mil 900 viviendas y dejó 15 víctimas fatales, más de 500 heridos y 12 mil 500 damnificados.
Esa catástrofe no ocasionó tantos fallecidos como ahora, pero nos demuestra que estamos ante un problema recurrente año tras año, dijo.
LA INTENCIONALIDAD DETRÁS DE LOS INCENDIOS
El reciente siniestro, comenzado el 2 de febrero, arrasó más de 13 mil hectáreas, desde sitios de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, el Santuario de la Naturaleza Palmar El Salto y el Jardín Botánico Nacional de Viña del Mar, hasta sectores rurales y zonas pobladas y de extensión urbana.
Una de las hipótesis más difundidas es que el siniestro fue intencional. Con esa versión coincidieron autoridades locales, personal de la Conaf, bomberos y hasta residentes en el lugar.
“A mí esta tesis me parece real porque es muy rara la aparición de múltiples focos en un período corto, ahora bien, hay muchos peritajes que se deben hacer para determinarlo, por ejemplo si existe presencia de elementos químicos o acelerantes”, afirmó nuestro entrevistado.
Otra de las aristas también debatidas es la especulación con los suelos afectados que después pueden tener otro tipo de usos, como el de las empresas constructoras de viviendas y otras infraestructuras.
Hay una tesis realizada hace un par de años atrás que señalaba el vínculo entre zonas quemadas y la generación de negocios inmobiliarios, sin embargo, eso es algo que todavía no se encuentra publicado en literatura científica revisada por pares, declaró Alaniz.
Para el investigador de la Universidad de Santiago de Chile, uno de los problemas del país es la gran cantidad de superficie de plantaciones forestales de pinos o eucaliptos, que tienden a desertificar el territorio y son más propensas a propagar el fuego.
Recordó los megaincendios forestales ocurridos en 2017, considerados uno de los más grandes a nivel sudamericano, con más de 460 mil hectáreas arrasadas.
Si bien es cierto que a partir de ahí aumentó la disponibilidad presupuestaria para el combate a este tipo de emergencias, con la incorporación de nuevas aeronaves y el establecimiento de canales de apoyo a través de privados, no se ha avanzado mucho en la prevención, aseguró.
Frente a estos fenómenos, considera urgente aprobar una ley sobre incendios que permita contar con un instrumento para mejorar la planificación territorial y hacer paisajes más resilientes.
Hay que promover los bosques nativos menos propensos a quemarse, crear cortafuegos y tener planos asociados a riesgos de desastres, dijo.
También es necesario aumentar las penas de cárcel para quienes realicen quemas agrícolas fuera de temporada o propaguen el fuego de manera intencional.
Un proyecto de legislación al respecto fue ingresado al Congreso hace varios años y se espera que se tramite con carácter prioritario a fin de evitar catástrofes como la de ahora, cuyo costo económico supera los mil millones de dólares.
arb/car
