Aunque alarmante, la situación no es nueva, sino reflejo de los desafíos de un pequeño país que 37 años después de derrocar a la dictadura de François y Jean Claude Duvalier (1957-1986), aún lucha por alcanzar la democracia a través de un camino empedrado de injerencias, tutela internacional y tendencias hacia lo más extremo de la derecha.
Sin Parlamento, con una justicia apenas funcional ni funcionarios locales electos y un panorama político muy fragmentado, la crónica de la inestabilidad en Haití es más una consecuencia que una causa.
El actual primer ministro Ariel Henry, quien asumió el poder tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, cuenta con bajos índices de popularidad, una legitimidad cuestionada y proyectos de elecciones y reforma constitucional difíciles de implementar.
“Tenemos un gobierno dirigido por Ariel Henry que no tiene ninguna legalidad, no está respaldado por ningún texto constitucional y tampoco goza de legitimidad, sino que ha sido designado por el Core Group, por un tuit, y no hubo ninguna consulta con las fuerzas sociales y políticas del país para instalarlo”, dijo a Prensa Latina Camille Chalmers, economista, investigador y analista político.
El Core Group o Grupo Central nació al calor de la Misión de Naciones Unidas para la Estabilidad de Haití, fuerza que ocupó el país durante 13 años con resultados agridulces y una formación incompleta de las fuerzas de seguridad.
Fue, quizás, uno de los ejemplos recientes más claros de la injerencia externa en los asuntos internos de Haití no solo durante la intervención militar, de 2004 a 2017, sino incluso después, cuando la Minustah ya era un mal recuerdo.
Tras el magnicidio ocurrido en 2021, y en medio de las tensiones por la sucesión del poder, el grupo formado por representantes de varios países, la Organización de Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea dieron la espalda al hasta entonces primer ministro y canciller Claude Joseph para apoyar a Henry.
La cuestionada coalición alentó la formación de un Gobierno consensuado e inclusivo. “Con este fin, anima encarecidamente al primer ministro designado Ariel Henry a proseguir la misión que se le ha encomendado de formar dicho Gobierno”, escribieron entonces.
Dos años después, expertos califican de “mediocres” los resultados de su gestión tanto en materia de seguridad como en política económica y social.
“Los resultados son muy poco satisfactorios y la mayoría de las fuerzas sociales y políticas no aceptan que él sea quien conduzca la transición y las próximas elecciones, pero el imperialismo norteamericano mantiene el apoyo total a este personaje”, señaló Chalmers.
PUGNAS POLÍTICAS
Más de un millar de organizaciones políticas, sociales, religiosas, campesinas y personalidades se oponen a Henry. Algunos de ellos formaron una coalición conocida como Acuerdo Montana que busca soluciones nacionales a la crisis, critican una posible intervención militar solicitada por el Gobierno y alientan la instauración de una nueva administración de transición.
Fruto de una serie de discusiones, debates, acciones de movilización y concientización realizados en el país, que buscaba una reflexión colectiva sobre la situación nacional y que cuenta con más de 900 firmantes, el Montana es para las voces progresistas la mejor opción que tiene Haití.
“Esa solución propuesta por el Acuerdo de Montana y más de mil representantes de organizaciones sociales y políticas está obstaculizada por las fuerzas imperialistas y sus aliados que no aceptan la participación de los sectores populares en el juego político”, señaló Chalmers.
Sin embargo, la plataforma también sufre fricciones a lo interno y la falta de poder real e intransigencias generaron divisiones entre sus miembros, algunos de los cuales incluso decidieron pasarse a las filas de los aliados del Gobierno.
A ellos se suman otras fuerzas con intereses similares, como el poderoso partido FanmiLavalas fundado por el expresidente Jean-Bertrand Aristide, que exigen la renuncia del primer ministro pero sin llegar a alcanzar consenso entre sí.
“En todo subyace la crisis política, con un Gobierno ilegítimo que algunos vinculan con el magnicidio, a lo cual se suma que en los últimos años Haití vive fuera de las normas constitucionales, y las autoridades gestionan sin contar con la carta magna y de manera autoritaria”, dijo a esta agencia Franck Saint Jean, activista político e integrante del partido RASIN Kan Pèp La (Agrupación Socialista por una Nueva Iniciativa Nacional).
Desde 2020, el Parlamento es disfuncional al cumplirse el mandato de diputados y senadores sin celebrarse elecciones, mientras que el Tribunal de Casación, la mayor instancia judicial del país, estuvo acéfala durante un año y medio, tras la muerte de su presidente René Sylvestre.
A finales del año pasado el juez Jean Joseph Lebrun fue investido nuevo presidente de la Corte Suprema, lo cual fue bien recibido por organizaciones de magistrados, sin embargo, aún queda pendiente completar la nómina para el correcto funcionamiento de la institución.
CRISIS ECONÓMICA
Todo ello se da en un contexto de aguda crisis económica con cinco años de recesión consecutivos, uno de los períodos más oscuros para las finanzas en Haití y con perspectivas casi nulas de crecimiento.
Actualmente el país caribeño tiene la tercera inflación más alta en América Latina, detrás de Argentina y Venezuela, y una persistente depreciación de la moneda nacional pese a que en los últimos meses el tipo de cambio se estabilizó sin explicación macroeconómica aparente, de acuerdo con expertos.
Según la carta marco para el proyecto de presupuesto 2023-2024 presentada en agosto último, los principales retos siguen siendo la inflación, perturbaciones en el suministro, la distribución de productos petrolíferos y la depreciación de la moneda nacional, combinada con un clima de inseguridad persistente.
El documento gubernamental señaló otros factores que influyen en el mal desempeño económico como la crisis sociopolítica, mientras que los choques climáticos, naturales, sanitarios y financieros agravaron la inseguridad alimentaria que afecta a la mayoría de la población desde hace varios años.
VIOLENCIA
A mediados de septiembre la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos (Rnddh) denunció que 104 personas fueron asesinadas, y una madre y su hija fueron víctimas de violaciones grupales durante las incursiones de las pandillas en Carrefour Feuilles, en la periferia de esta capital.
Solo del 4 de agosto al 12 de septiembre de 2023 la plataforma identificó, además, 14 heridos, 35 casas saqueadas y varias desapariciones forzosas.
La zona lleva semanas bajo los constantes ataques de la banda de Grand-Ravine que quiere controlar el área, y ya agredieron varias infraestructuras claves como la subcomisaría policial y las instalaciones de la empresa eléctrica.
Esto es solo la punta del iceberg de la ola de violencia en Haití durante los últimos años, agravada tras el asesinato del presidente JovenelMoïse, lo que sumió al país en una profunda crisis institucional.
De acuerdo con datos de Naciones Unidas sobre la situación en Haití, el número de asesinatos registrados aumentó un 21 por ciento en 2023 y los secuestros crecieron hasta el 63 por ciento.
También se incrementaron las violaciones de mujeres y niñas, mientras que tres cuartas partes de Puerto Príncipe son controladas por grupos armados.
Un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU reveló que el 44 por ciento de los haitianos enfrenta inseguridad alimentaria como consecuencia de la violencia de las pandillas, además de la desaceleración económica y los fenómenos meteorológicos.
Para muchas fuerzas progresistas, la situación que vive Haití es el resultado de décadas de políticas injerencistas y de tratar de imponer modelos que no funcionan en la nación caribeña.
La historia de intervenciones comenzó en 1915 cuando soldados norteamericanos desembarcaron con el pretexto de estabilizar el país después del cuarto magnicidio, y continuó con las sucesivas ocupaciones desde la década de 1990, luego de la caída de la dictadura, entre ellas la Minustah, o los apoyos a golpes de Estado y a gobernantes autoritarios.
Para la sociedad civil, solo el relanzamiento del proceso democrático que responda al estado de devastación del país puede solucionar la crisis.
“La comunidad internacional, incluido Estados Unidos, lamentablemente siempre ha estado del lado equivocado de la cerca. Al decidir otorgar su protección ciega a la coalición política liderada por Ariel Henry, también optó por ignorar los esfuerzos de la sociedad civil para encontrar una solución haitiana a la crisis multidimensional”, señaló Rosy Auguste Ducéna, abogada y coordinadora de programas de la Rnddh.
Para analistas como Chalmers, lo que necesita Haití es recuperar sus espacios políticos y definir el proceso de desarrollo, las políticas económicas y alianzas sin quedar totalmente capturado y encarcelado por el imperialismo. En fin, necesita recuperar su soberanía.
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