Por Alfredo E. Boada Mola

Redacción de Economía

Así catalogó al periodo de enero a junio del presente año la quinta edición del Reporte sobre la economía nacional, realizado por un colectivo de autores del Centro de Estudios de la Economía Cubana (CEEC) de la Universidad de La Habana y presentado el 25 de septiembre.

La perversa combinación del bloqueo energético impuesto en enero último, la persecución financiera a todas las actividades comerciales cubanas, la coerción injerencista sobre terceros países y la amenaza de una posible intervención militar han llevado al borde de una crisis humanitaria y a niveles insospechados de incertidumbre a una población de 9,5 millones de personas, alertó el texto.

Según el reporte, la primera mitad de este año en Cuba está signada –además de por la continuidad de la crisis– por la aparición de un sistema de sanciones del Gobierno estadounidense que incidió simultáneamente sobre la energía, el comercio, el turismo, la inversión y las finanzas de la nación antillana.

Sus efectos –alertan los expertos– se propagaron hacia la producción, las cuentas fiscales, el mercado cambiario, los precios y el bienestar de la población.

Cuba encara una agresión multidimensional del Gobierno de Estados Unidos, intensificada desde enero pasado con un bloqueo energético que, por vía de la intimidación y la coerción, prohíbe a todos los países la exportación de combustibles al país caribeño, lo cual equivale a un bloqueo naval, tipificado en el Derecho Internacional como acto de guerra.

El costo de esta guerra económica de Estados Unidos contra Cuba, entre el 1 de marzo de 2025 y el 28 de febrero de 2026, fue de ocho mil 83,3 millones de dólares, la mayor cifra registrada, y un 7,0 por ciento más elevada respecto al mismo periodo del año anterior.

Debido a ese escenario, la respuesta del Gobierno cubano –apuntan los estudiosos– es acelerar una reforma económica de alcance potencialmente estructural.

Al presentar el reporte, el director del CEEC, Juan Alejandro Triana Barros, afirmó que el tramo de enero a junio de la economía cubana está afectado por la guerra sin armas convencionales más brutal que ha padecido nación alguna, sobre todo reforzada con un cerco energético que no cesa desde el primer mes del año.

A su vez, el doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de La Habana, Julio Carranza Valdés, al hacer valorar la influencia de la situación internacional sobre Cuba, señaló que aunque las causas de la situación que vive la isla son múltiples, el bloqueo estadounidense tiene un impacto fuerte sobre la economía cubana y las alternativas que se tienen.

Para Carranza Valdés, quien funge como profesor invitado en varias universidades de América Latina, Europa y Estados Unidos, en las bases de la situación de Cuba están además errores internos cometidos en la conducción de la política económica y también tardanzas en dar lugar a una reforma económica que urgía.

Señaló el catedrático que las 176 medidas anunciadas por el Gobierno cubano constituyen un paquete bastante amplio y completo de los componentes que debe tener una reforma económica.

El paquete de medidas lanzadas por La Habana amplía los espacios para la inversión extranjera y privada, flexibiliza el funcionamiento de la empresa estatal, descentraliza decisiones y abre sectores antes reservados al Estado, de acuerdo con el Reporte del CEEC.

Juan Publio Triana Cordoví, doctor en Ciencias Económicas y profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana, afirmó que las nuevas 176 medidas “apuntan a reducir restricciones que existían y que impedían que los actores de la economía pudieran trabajar de una manera mucho más fluida”.

“Hoy tenemos empresas privadas en el sector financiero. Es algo tremendamente nuevo”, agregó el catedrático a manera de ejemplo.

En su opinión, aunque es cierto que las medidas no están ordenadas, ni tampoco secuenciadas, es mejor así y no esperar a que casi todo esté hecho para entonces acometerlas.

La economía cubana llegó a 2026 después de una contracción estimada en 5,0 por ciento durante 2025.

El plan gubernamental proyectaba una recuperación del 1,0 por ciento, sustentada en el aumento de las exportaciones, la inversión extranjera y la disponibilidad de divisas, pero las sanciones de Washington afectan esas bases mediante tres canales: restricción de insumos y bienes de consumo importados, reducción de la demanda externa e incremento de los obstáculos para atraer inversión y financiamiento.

En esas condiciones, la producción de bienes y servicios se redujo 11,4 por ciento, en un contexto de severas restricciones energéticas y de insumos.

Por su parte, el cerco energético agrava la crisis eléctrica y la afectación máxima diaria promedio aumenta de 1500 MW en el primer semestre de 2025 a 1800 MW en igual período de 2026, mientras se registran desconexiones del Sistema Electroenergético Nacional.

La expansión de la generación solar -con 54 parques sincronizados al cierre del semestre-ofrece algún alivio, pero no compensa la falta de combustibles ni el deterioro de las centrales termoeléctricas.

Asimismo, la falta de combustibles e insumos afecta la producción, el riego, el transporte de las cosechas y el funcionamiento de la industria procesadora.

La inflación de los alimentos vuelve a superar la inflación general, con la carne de cerdo y el arroz entre los productos de mayor incidencia.

En tanto, la campaña arrocera cumple solo alrededor de 70 por ciento de su plan de siembra, mientras persisten los atrasos en los pagos a los productores y las dificultades para distribuir la canasta familiar normada.

El turismo registra uno de los mayores retrocesos del semestre; entre enero y mayo, las llegadas de visitantes internacionales disminuyeron 58,4 por ciento interanual y representan apenas 16 por ciento del nivel anterior a la pandemia.

La crisis energética, la reducción de vuelos, las restricciones financieras y las sanciones estadounidenses sobre empresas vinculadas al sector provocan la salida de cadenas y operadores internacionales.

Al cierre del período, el 73 por ciento de las instalaciones hoteleras permanecían cerradas y 25 mil trabajadores estaban en situación de disponibilidad.

Del transporte, uno de los sectores más afectados por la escasez de combustibles, la circulación de vehículos cae sensiblemente y los precios aumentan.

Las autoridades priorizan el traslado de combustibles, alimentos, medicamentos y personal sanitario, mientras aceleran la incorporación de triciclos, microbuses y otros vehículos eléctricos.

Las dificultades para comerciar con el exterior combinan sanciones, problemas logísticos y un escenario internacional desfavorable por el alza del precio del petróleo, mientras se encarecen productos esenciales como fertilizantes, arroz y aceite de soya.

A ello se suma la retirada de navieras y operadores logísticos y la existencia de más de siete mil contenedores con destino a Cuba varados en diferentes puertos.

El deterioro económico y energético se traslada a las condiciones de vida. Los hospitales reducen servicios, la producción y disponibilidad de medicamentos se contrae y los apagones afectan el suministro de agua y la conservación de alimentos.

Puesto que la inflación reduce el poder adquisitivo de los hogares, el Gobierno comienza a transitar desde subsidios universales a mecanismos focalizados de protección social.

arb/abm