Por Mario Muñoz Lozano

Corresponsal jefe en Italia

Mientras, las medidas aplicadas hasta ahora muestran un margen cada vez más limitado frente a la escalada de las cotizaciones internacionales.

Según los últimos datos del Ministerio de Empresas y del Made in Italy (Mimit), el precio medio nacional en modalidad de autoservicio alcanzó el 14 de septiembre los 2,107 euros por litro para la gasolina y 2,216 euros para el diésel. En las autopistas, los valores ascendieron a 2,198 y 2,293 euros, respectivamente.

La tendencia supone un nuevo golpe para la economía italiana, debido a que el combustible constituye un componente esencial de los costos de transporte y producción. El encarecimiento se traslada progresivamente a las mercancías y servicios, con potenciales efectos sobre la inflación y el poder adquisitivo de los hogares.

MEDIDAS DE EMERGENCIA

El Ejecutivo de la primera ministra Giorgia Meloni, ha recurrido en los últimos meses a reducciones temporales de los impuestos sobre los combustibles. El mecanismo más reciente mantiene una rebaja de aproximadamente 17 céntimos por litro hasta el 17 de septiembre.

La sucesión de prórrogas refleja, sin embargo, la dificultad de mantener indefinidamente una política de reducción generalizada de impuestos. El propio Gobierno estudia ahora cambiar de estrategia y concentrar los recursos en los sectores y consumidores más afectados. Entre las alternativas analizadas figura un nuevo bono para la compra de combustible, que podría situarse alrededor de los 100 euros, además de ayudas vinculadas a la denominada tarjeta Dedicata a te (Dedicado a ti) para hogares de menores ingresos.

También se estudian mecanismos de apoyo para trabajadores autónomos, profesionales y sectores con elevada dependencia del combustible.

El Gobierno ha señalado que pretende orientar las nuevas medidas hacia quienes realmente necesitan apoyo, en lugar de mantener una reducción fiscal idéntica para todos los consumidores.

“Nos gustaría una medida más específica para los consumidores y usuarios que más la necesitan”, dijo la primera ministra Giorgia Meloni recientemente.

UN PROBLEMA TRANSVERSAL PARA LA ECONOMÍA

Las alarmas suenan en todos los sectores de la economía nacional. El transporte por carretera es fundamental para la distribución de alimentos y mercancías en Italia, por lo que un incremento prolongado del precio del combustible puede terminar repercutiendo sobre los precios finales.

Especial atención requiere la población que se mueve en sus autos, junto con agricultores, pescadores, repartidores y pequeñas empresas cuyo funcionamiento depende directamente de los vehículos.

El Consejo de Ministros ya ha prorrogado medidas de apoyo fiscal destinadas al transporte por carretera, pero el incremento de los costos energéticos plantea la necesidad de soluciones de mayor duración.

Los datos disponibles muestran la rapidez del deterioro. El 5 de agosto, la gasolina en autoservicio se situaba en torno a 1,997 euros por litro y el diésel en 2,097 euros. Un mes después habían aumentado aproximadamente 5,5 y 6,7 céntimos, respectivamente.

¿QUÉ PUEDE HACER EL GOBIERNO?

Según especialistas, una primera opción consiste en prolongar temporalmente la reducción de los impuestos especiales de consumo que el Estado italiano aplica sobre los combustibles.

Esta medida tiene la ventaja de producir un efecto inmediato sobre el precio en las estaciones de servicio, pero representa un costo importante para las arcas públicas y beneficia también a consumidores con capacidad económica para afrontar el aumento.

Además, no hay acuerdo político sobre dónde encontrar los recursos, cómo distribuirlos y a quién. La Liga sugiere una contribución de los bancos, opción que no avala Forza Italia.

Otra alternativa sería establecer ayudas selectivas de acuerdo a los ingresos, mediante bonos de combustible o transferencias directas. Esta fórmula permitiría concentrar el gasto público en los hogares vulnerables y reduciría el costo presupuestario respecto a una rebaja universal.

Sin embargo, para distribuir los fondos la Liga aboga por el apoyo a los autónomos y Forza Italia por el de los pensionados.

Una tercera posibilidad se mueve hacia el reforzamiento de las ayudas a sectores productivos estratégicos, especialmente transporte, agricultura y pesca con el objetivo de evitar que el incremento del combustible se transforme rápidamente en aumentos de precios de alimentos y mercancías.

También podría ampliarse la vigilancia sobre la formación de precios. El Mimit mantiene un sistema de seguimiento de los precios de los carburantes, una herramienta que puede contribuir a detectar comportamientos anómalos y aumentar la transparencia del mercado.

MÁS ALLÁ DE LAS MEDIDAS COYUNTURALES

El problema de fondo es que Italia tiene un margen limitado para controlar una variable fuertemente condicionada por los mercados internacionales del petróleo. De ahí que las rebajas fiscales pueden amortiguar temporalmente el impacto, pero no eliminan la causa externa del encarecimiento.

Por ello, una estrategia de mayor alcance debería combinar ayudas inmediatas con políticas destinadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aseguran analistas.

El fortalecimiento del transporte público, la electrificación del transporte, el desarrollo de energías renovables y la mejora de la eficiencia energética podrían disminuir progresivamente la exposición de la economía italiana a las oscilaciones del petróleo.

El Gobierno enfrenta así una doble exigencia: responder rápidamente al aumento de los precios sin comprometer excesivamente las cuentas públicas y, al mismo tiempo, avanzar hacia un modelo energético menos vulnerable a las crisis internacionales.

La fecha clave será el próximo 17 de septiembre, cuando expire la actual reducción de impuestos especiales de consumo que el Estado italiano aplica sobre los combustibles. Para entonces, el Ejecutivo deberá decidir si prolonga nuevamente la medida o pone en marcha el anunciado sistema de ayudas focalizadas.

arb/mml