Por Martha Andrés Román
Corresponsal jefa en Brasil
El 31 de agosto de 2016, el Senado brasileño destituyó por 61 votos contra 20 a la primera mujer elegida presidenta del país, poniendo fin a su segundo mandato iniciado apenas 20 meses antes.
La acusación para el juicio político en su contra se sustentó en decretos que ampliaban partidas presupuestarias y en el retraso de transferencias del Tesoro al Banco do Brasil con vistas a financiar subsidios del Plan Safra.
Tales operaciones fueron calificadas por los promotores de la acusación como “pedaladas fiscales” y las presentaron como violaciones capaces de justificar la destitución presidencial.
Sin embargo, una década después, la controversia jurídica y política está lejos de haber desaparecido. Por el contrario, varias de las consecuencias que siguieron a la caída de Rousseff (Partido de los Trabajadores-PT) han modificado la lectura de aquel episodio.
Una de las imágenes más reveladoras del proceso fue su desenlace. El Senado aprobó la pérdida del mandato, pero, en una votación separada, rechazó inhabilitar a Rousseff para ejercer cargos públicos. Fueron 42 votos a favor de la inhabilitación y 36 en contra, cuando se necesitaban 54.
La decisión dejó una contradicción que continúa siendo invocada por quienes consideran que el juicio tuvo una motivación esencialmente política: si la destitución era consecuencia de un crimen de responsabilidad, ¿cómo podía separarse la pérdida del cargo de la sanción prevista para quien lo hubiera cometido?
UN JUICIO POLÍTICO QUE CAMBIÓ EL EQUILIBRO DE PODER
Para organizaciones como la Fundación Perseu Abramo y el Instituto Brasileño de Análisis Sociales y Económicos, la principal consecuencia de 2016 trasciende la Presidencia, pues el impeachment habría inaugurado una etapa de debilitamiento institucional, profundización de la polarización y pérdida de confianza en las instituciones democráticas.
A su vez, el portal CartaCapital identifica una transformación particularmente importante: el fortalecimiento del Congreso Nacional.
En los años posteriores, el Legislativo incrementó su capacidad para influir en la distribución del presupuesto y convirtió las enmiendas parlamentarias en un instrumento central de negociación con el Ejecutivo.
Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2023), esa tendencia llegó a expresarse en el llamado “presupuesto secreto”, posteriormente declarado inconstitucional por el Supremo Tribunal Federal (STF).
Pero el cambio no desapareció con Bolsonaro, ya que el Congreso continúa teniendo una capacidad de presión sobre el Ejecutivo mucho mayor que la existente antes de 2016, mientras el STF es convocado cada vez con mayor frecuencia para establecer los límites de esa expansión.
José Eduardo Cardozo, abogado de Dilma durante el proceso de destitución, declaró a CartaCapital que la destitución de una presidenta sin delito alguno sentó un precedente que alteró la relación entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
DEL IMPEACHMENT DE DILMA AL ASCENSO DE BOLSONARO
La segunda gran lectura de estos 10 años que puede apreciarse en las consideraciones de analistas y medios de prensa brasileños está relacionada con la extrema derecha.
El impeachment no explica por sí solo la llegada de Jair Bolsonaro a la Presidencia a partir de las elecciones de 2018, pero la sesión parlamentaria del 17 de abril de 2016 que abrió paso al juicio político ofreció a Bolsonaro una plataforma nacional.
Al emitir su voto a favor del proceso de destitución, Bolsonaro exaltó la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido como uno de los torturadores de Dilma durante la dictadura militar, y convirtió aquella jornada en uno de sus primeros grandes escenarios como diputado de extrema derecha.
Para el exdiputado Ivan Valente, entrevistado por Brasil de Fato el pasado abril, el proceso fue un “gran fraude” y un golpe institucional promovido por sectores de la élite económica y mediática.
Su interpretación coincide con la de organizaciones que consideran que la destitución contribuyó a crear el ambiente político que posteriormente favoreció el crecimiento de las fuerzas autoritarias.
La Fundación Perseu Abramo añade otra dimensión: la violencia de género, porque la expresidenta no solamente fue cuestionada políticamente, sino sometida a una campaña marcada por ataques misóginos y una deslegitimación de su autoridad vinculada a su condición de mujer.
Ese problema no terminó con ella. Datos divulgados en 2026 por el Instituto Y si fueras tú muestran que más de 70 mujeres tuvieron sus mandatos suspendidos o fueron blanco de intentos de revocación en Brasil durante el período 2015-2025.
Por otro lado, la consecuencia más paradójica de aquel hecho fue que la extrema derecha terminó desplazando a buena parte de los sectores conservadores tradicionales que habían contribuido a derribar a la exmandataria.
Eduardo Cunha, entonces presidente de la Cámara de Diputados y figura central en la apertura del proceso contra Dilma, reconoció en abril de 2026 el papel que atribuye al juicio político en el ascenso posterior de esa tendencia política. “Si yo no hubiera hecho el impeachment, Bolsonaro no habría sido presidente”, afirmó.
UNA DÉCADA DESPUÉS, ¿QUIÉNES FUERON LOS VENCEDORES?
Algunos de los protagonistas que parecían vencedores en 2016 perdieron posteriormente buena parte de su influencia, como el propio Cunha, quien ahora intenta regresar al Congreso y reivindica como principal legado su papel en la destitución de Dilma, mientras enfrenta nuevos cuestionamientos judiciales sobre su candidatura.
El Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que apoyó el proceso de destitución, entró en una prolongada crisis y Michel Temer, quien sustituyó a Dilma en el cargo, terminó su mandato sin construir una sucesión electoral capaz de convertir su proyecto en una nueva mayoría presidencial.
Incluso dentro del grupo que votó por la destitución comenzaron a aparecer autocríticas. El exsenador Renan Calheiros, quien estaba al frente de la Cámara Alta en el momento del impeachment, apenas al año siguiente calificó ese proceso como un error y afirmó que, después de la salida de la exmandataria, los problemas del país se agravaron.
Aloysio Nunes Ferreira, entonces senador del PSDB, sostuvo en una entrevista en 2023 que habría sido mejor dejar a Dilma concluir su mandato y enfrentar al PT en las urnas, e incluso afirmó que su partido había terminado caminando junto a la extrema derecha.
Mientras los antiguos vencedores revisan el proceder de entones, con distintos grados de reconocimiento y evaluación, Dilma Rousseff ocupa hoy una posición internacional que difícilmente podía imaginarse en agosto de 2016.
En 2023 asumió la presidencia del Nuevo Banco de Desarrollo, la institución financiera del grupo Brics, y en marzo de 2025 fue reelegida por unanimidad para permanecer en el cargo hasta julio de 2030.
Por eso, al recordar aquellos hechos, varias fuentes también apuntan a una ironía histórica difícil de ignorar, porque, después de ser apartada de la Presidencia, encabeza hoy ese órgano y acumula reconocimiento internacional, mientras varios de los protagonistas de su destitución perdieron influencia política.
De hecho, en las redes sociales muchos brasileños han apelado en ocasiones a un meme bautizado como “Querido Diário” para celebrar los logros posteriores de Dilma y contrastarlos, con humor, con la suerte de algunos de sus adversarios.
Además, el PT regresó al Gobierno nacional con Luiz Inácio Lula da Silva en 2023, aun cuando el país que volvió a encabezar el actual presidente en su tercer mandato no es el mismo que existía antes de 2016.
Durante este nuevo periodo en el Palacio de Planalto, Lula encontró un Congreso mucho más fuerte, una derecha convertida en fuerza electoral permanente y unas instituciones sometidas a una disputa política mucho más intensa.
El impeachment de 2016 sigue siendo así una pieza clave para entender el Brasil actual, en el que la extrema derecha se consolidó y desplazó a buena parte de la derecha tradicional que apoyó la caída de la expresidenta. La polarización política de hoy tiene raíces en las decisiones de entonces.
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