Por Jorge Petinaud Martínez

Corresponsal jefe en Bolivia

Miembros de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz (Fepsc) expresaron su intranquilidad por la lentitud en las investigaciones relacionadas con 108 toneladas de droga incrustadas químicamente en embarques de madera procedentes de Bolivia, decomisados en puertos chilenos, y otro cargamento de 50 toneladas igualmente “drogadas”, ocupadas en la frontera con Brasil.

“La incertidumbre generada por la demora en estas actuaciones está ocasionando serias dificultades al sector forestal”, asegura el pronunciamiento circulado a la prensa, en el cual la Fepsc insta a las autoridades competentes a conducir las investigaciones con objetividad, transparencia y rapidez.

Remarcaron los hombres y mujeres de negocios que es necesario evitar que las consecuencias de estos casos recaigan sobre productores y exportadores que cumplen la normativa vigente, pues ello podría afectar la actividad económica de una de las cadenas productivas con presencia en los mercados internacionales.

CADENA DE CASOS

Este reclamo tiene como antecedente una cadena de hechos relacionados con el narcotráfico a lo largo del año en curso.

Incluye esa lista una serie de asesinatos a balazos ocurridos en los departamentos de Santa Cruz y Beni, el denominado escándalo denominado “narcomaletas” por 32 valijas que llegaron al aeropuerto internacional cruceño de Viru Viru y fueron a parar a un galpón en el que fueron ocupados narcóticos.

Sin embargo, hasta el momento, se desconoce a qué manos fueron a parar esas maletas y qué contenido tenían.

Otro tanto ocurrió con el dinero y las joyas que estaban en las cajas fuertes del narcotraficante más buscado de Sudamérica, Sebastián Marset, capturado en Santa cruz y trasladado inmediatamente a Estados Unidos. Tras 40 días de denuncias del programa televisivo Detrás de la Verdad, del canal privado DTV, el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, admitió que los siete relojes de alta gama valorados en más de tres millones de dólares y otra gruesa suma de dinero estaban en una caja fuerte controlada por las fuerzas policiales.

El caso más reciente salió a la luz pública el 12 de julio, cuando se conoció que dos bolivianos y un brasileño fueron detenidos preventivamente en Francia tras ser interceptados en una embarcación que trasladaba hacia Australia por el océano Índico más de una tonelada de cocaína.

La interdicción se realizó cerca de la isla colonizada por Francia de Reunión, donde fuerzas de seguridad interceptaron la embarcación procedente de Sudamérica, según se informó.

En la requisa, las fuerzas policiales ocuparon más de una tonelada del narcótico, cuyo valor en el mercado internacional asciende a varios millones de dólares.

FISCALES

Sobre la narcomadera decomisada en Chile, el 24 de junio último se informó que una comisión de fiscales bolivianos alistaba un viaje para esclarecer en contacto con sus pares de ese país el decomiso en puertos chilenos de las 108 toneladas de droga.

De acuerdo con el fiscal superior en narcotráfico Miguel González, en el país trasandino conocerían la técnica de detección de droga impregnada en madera para validarla como parte de las pesquisas.

Sin embargo, desde entonces, prevalece en el Gobierno y en los medios un manto de silencio acerca de la madera impregnada de clorhidrato de cocaína, cocaína base y ketamina, según la Aduana y la Fiscalía de Chile.

En este contexto, el 9 de julio tuvo lugar la aprehensión de un fiscal dentro de un proceso por narcotráfico en el municipio de Tupiza, departamento de Potosí, hecho que ratifica el descrédito que provoca este flagelo en algunas instituciones del Estado boliviano.

Según la máxima autoridad del Ministerio Público, Róger Mariaca, ese funcionario resultó aprehendido dentro de una investigación por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, así como prevaricato, tras detectarse graves inconsistencias en su actuación.

Describió que, de acuerdo con los antecedentes, el caso de tráfico de drogas ocurrió en el municipio de Tupiza, donde Silvio M. C. fue encontrado conduciendo un minibús en el que transportaba aproximadamente 542 kilogramos de marihuana.

Criticó Mariaca, sin embargo, que, pese a que el fiscal fundamentó en su imputación formal la existencia de indicios, peligro de fuga y de obstaculización de la justicia, en el petitorio solicitó de manera incoherente la aplicación de medidas sustitutivas a la detención preventiva, lo que permitió que Silvio M. C. obtuviera la libertad.

Luego de conocer el caso, Mariaca instruyó al fiscal superior en Delitos de Narcotráfico y al anticorrupción iniciar un proceso penal contra el funcionario del Ministerio Público.

Todos estos hechos provocan el disgusto del empresariado boliviano, en particular los del sector forestal y los que exportan, que identifican una espada de Damocles sobre sus proyectos por la desconfianza internacional que generan los embarques con punto de origen en la nación andina amazónica chaqueña.

arb/jpm