Por Mario Hubert Garrido

Corresponsal jefe en Panamá

Lilibeth Cárdenas, la recién nombrada titular del Senniaf -organismo en crisis estructural y que ya lleva al menos cuatro designaciones- dijo desde el Hogar María Guadalupe, en esta capital, que allí no encontraron tales anomalías en niñas entre ocho y nueve años de edad, a pesar de denuncias.

La visita se dio tras la circulación de informaciones que, según la entidad, han sido tergiversadas en algunos medios de comunicación.

De acuerdo con la base de datos de la Dirección de Articulación para la Protección Infantil (DAPI), unidad encargada de supervisar estos centros, no existe registro alguno de esos casos en ninguno de los seis albergues destinados a madres adolescentes y adolescentes embarazadas.

Además, la entidad informó que en los próximos días se estarán reactivando las jornadas de supervisión en los albergues con el objetivo de reforzar la vigilancia.

Advirtió que, de detectarse algún caso en el que una menor haya resultado embarazada dentro de un centro de protección, se procederá de inmediato a interponer la denuncia ante las autoridades competentes.

Estos espacios, según Senniaf, están diseñados para proteger, orientar y brindar oportunidades a adolescentes en condición de vulnerabilidad, permitiéndoles retomar su proyecto de vida.

Insisten en que su función principal es acompañar y garantizar condiciones dignas para las jóvenes.

TENDENCIA PERSISTENTE

Sobre el tema, el diario La Estrella de Panamá relató una reciente visita al Hogar María Guadalupe, donde actualmente viven unas 15 niñas y adolescentes entre los 13 y 17 años -aunque en el pasado han recibido casos de niñas de ocho y nueve años.

Según el rotativo, allí hay menores de edad criando niños, una escena que no es excepcional, forma parte de una tendencia persistente.

Estadísticas del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa, siglas en inglés), el país centroamericano mantiene una de las tasas más altas de embarazo adolescente en la región, con 57 por cada mil jóvenes.

Cada día, al menos 21 niñas y adolescentes quedan embarazadas. Entre 2021 y 2024, se registraron casi 28 mil casos en menores de 19 años.

En América Latina, el embarazo adolescente sigue siendo uno de los más altos del mundo, con un promedio de 52 nacimientos por cada mil adolescentes.

Países como Nicaragua, Honduras y Guatemala registran las cifras más elevadas, superando los 70 y hasta 90 casos por cada mil. Panamá se ubica por encima del promedio regional, mientras que países como Chile, Uruguay y Argentina presentan las tasas más bajas, entre 50 y 30, en alguno de los casos por debajo de ese último número.

DESERCIÓN ESCOLAR

El problema se agrava en las comarcas originarias panameñas como la Ngäbe Buglé, agrega el informativo, pues hay zonas como el distrito de Kankintú, donde más del 45 por ciento de las madres adolescentes nunca asistió a la escuela.

A nivel nacional, provincias como Herrera, Los Santos y Panamá también registran alta incidencia, junto con los territorios originarios.

En el orden de la salud, otros profesionales han alertado sobre los riesgos que entrañan esos embarazos tempranos en adolescentes.

Para la ginecobstetra Saskya Linares, el cuerpo de una niña no está preparado para gestar: la pelvis es más estrecha, el desarrollo físico se encuentra incompleto y las probabilidades de complicaciones aumentan.

Según explicó, los embarazos en niñas desde los ocho años se clasifican como infantiles y, en la práctica, están vinculados en su totalidad a situaciones de abuso sexual.

El impacto no es solo físico, asegura, pues tampoco existe una preparación emocional ni psicológica para enfrentar una maternidad a esa edad.

También alertó que en muchos casos, las víctimas llegan tarde al sistema de salud. El abuso suele ocurrir en entornos cercanos, bajo amenazas o manipulación, lo que retrasa la denuncia y limita las opciones médicas disponibles, subrayó.

Aunque la legislación panameña contempla la interrupción del embarazo en casos de violación bajo condiciones específicas, en la práctica muchas niñas superan ese periodo sin haber podido acceder a esa alternativa.

VIOLENCIA SEXUAL

Estadísticas oficiales de la Senniaf reflejan que en 2025 se registraron 387 casos de adolescentes embarazadas vinculados a situaciones de abuso y violencia, y en lo que va de 2026 ya suman 146.

En menores de 14 años, los registros son menos numerosos, pero no por ello menos graves: cada caso implica una historia de violencia sexual.

Recientemente, la institución informó que no existen casos actuales de niñas de ocho y nueve años embarazadas en los albergues bajo su administración; sin embargo, la directora del centro Hogar María Guadalupe aseguró que con anterioridad en ese albergue sí se registraron incidentes.

Se han documentado antecedentes como el de una menor de ocho años con cinco meses de gestación atendida en 2021.

En Panamá, el aborto está regulado por el Código Penal (artículo 144), que lo permite únicamente en dos circunstancias: cuando la vida o la salud de la mujer está en riesgo y cuando el embarazo es producto de una violación, bajo condiciones médicas y legales específicas.

Sin embargo, en la práctica el acceso es limitado. La denuncia tardía, la burocracia, la falta de información y la presión social hacen que muchas niñas continúen embarazos que no eligieron.

Casos como el de una niña de ocho años que quedó embarazada tras una violación, lo cual estremeció al país en 2022, evidencian esa brecha, agrega La Decana.

La menor fue apartada de su entorno familiar luego de confirmarse que el agresor pertenecía a su círculo cercano. La denuncia se realizó cuando ya tenía más de 20 semanas de gestación, lo que redujo drásticamente las opciones médicas disponibles.

El caso provocó cuestionamientos profundos: cómo es posible que un embarazo producto de violación llegue tan lejos sin intervención, qué falló en la detección temprana, y por qué, aun existiendo causales legales, el acceso a un aborto seguro sigue siendo tan limitado.

Y es en ese punto donde convergen todas las tensiones: el sistema legal, el sistema de salud, las creencias sociales, las respuestas institucionales.

CAMBIOS EN SENNIAF

El escándalo por los presuntos abusos en albergues vinculados al Estado sigue generando sacudidas dentro de la Senniaf, donde los cambios en la dirección no se detienen.

Todo comenzó este mes de marzo, cuando Ana Fábrega presentó su renuncia como directora de la institución en medio de la creciente presión pública por las denuncias.

Fue designada Otilia Rodríguez, pero su nombramiento generó fuertes cuestionamientos debido a denuncias previas en su contra, por lo que su permanencia en el cargo duró menos de un día.

Tras su salida, Andrea Carolina Vega asumió de forma temporal la dirección de la entidad. Y por último, resultó designada Lilibeth Cárdenas.

Hay que resaltar que Cárdenas, quien a la fecha fungía como viceministra de la Mujer, tiene experiencia relacionada con el tema acorde a la designación, luego de laborar en la Fiscalía como funcionaria de Instrucción Sumarial en Delitos Contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil (violencia doméstica y maltrato al menor).

arb/ga