Por Frank González
Periodista de Prensa Latina
Aspectos relacionados con la sobrecapacidad y la sobrepesca son los temas centrales de las tratativas, en las cuales intervienen representantes de los 166 países miembros del organismo multilateral.
En ambos casos son disposiciones adicionales del Acuerdo sobre subvenciones a la pesca (ASP), aprobado en junio de 2022 y cuya entrada en vigor se produjo el 15 de septiembre último, con su ratificación por dos tercios de la membresía de la OMC.
El convenio tiene carácter vinculante con un enfoque más medioambiental que comercial y no incluye la acuicultura ni la captura en aguas internas.
La OMC y otras entidades internacionales saludaron su adopción como un hecho histórico, resultado de más de 20 años de negociaciones desde la inclusión de las subvenciones pesqueras en la agenda multilateral, en la Declaración de la cuarta Conferencia Ministerial celebrada en Doha, en 2001.
Entre las regulaciones del tratado sobresalen la prohibición de subvenciones a la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (INDR); a la captura en poblaciones de peces sobreexplotadas; y a la de alta mar, fuera de la competencia de una Organización o Acuerdo regional de ordenación pesquera (OROP/AROP).
El ASP exhorta también a los países a tener “especial cuidado” y ejercer “la debida moderación” al conceder subvenciones a buques con bandera ajena y a las actividades relacionadas con la pesca en poblaciones cuyo estado se desconozca.
En consonancia con su enfoque medioambiental, la norma responde, con cinco años de atraso, a las Metas 4 y 6 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, Vida Submarina.
Asimismo, supone beneficios para las naciones en desarrollo, cuyas exportaciones de productos primarios y de la acuicultura ascendieron en 2023 a 45 mil millones de dólares, equivalentes al 40 por ciento del total global, según la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad).
Además, constituye un apoyo significativo para 600 millones de personas en todos los continentes, para quienes la pesca es un elemento clave de seguridad alimentaria y medios de vida, indicó la misma fuente.
Expertos y analistas atribuyen la lentitud del proceso a la complejidad del asunto, sometido a examen en un foro caracterizado por la heterogeneidad geográfica, de intereses y niveles de desarrollo de los actores, cuyas decisiones deben ser acordadas por consenso.
Las subvenciones a la pesca existen desde hace siglos con diferentes propósitos y modalidades. Cada una nació por alguna razón, en beneficio de un grupo de personas o de la sociedad en su conjunto, como apunta un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Pagos gubernamentales directos a la industria; exenciones fiscales y aplazamientos de impuestos; préstamos y garantías de préstamos gubernamentales y seguros; y pagos o recargos implícitos para la industria son ejemplos citados en ese ensayo.
Lo que está en discusión no son las subvenciones, sino evitar que estimulen prácticas nocivas de pesca.
La ausencia de información y la opacidad en el manejo de los datos, impiden determinar con precisión el monto total de los beneficios otorgados por los gobiernos a operadores del sector pesquero.
No obstante, una investigación titulada Estimaciones y análisis actualizados de subsidios pesqueros globales, publicada en 2019 por un colectivo de autores, fijó la cifra en 35,4 miles de millones de dólares en 2018, de los cuales 22,2 fueron destinados al aumento de capacidad.
El texto atribuyó a China, la Unión Europea, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón el 58 por ciento de los subsidios ese año.
Mientras tanto, la producción total de animales acuáticos sigue creciendo al pasar de 19 millones de toneladas en 1950, a 223,2 en 2022.
Esta contribución significó aproximadamente el 15 por ciento de las proteínas de origen animal consumidas por la población mundial en 2022, con un nivel superior al 50 por ciento en países de Asia y África, indicó la FAO en El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2024.
arb/fgg





