Por Joel Michel Varona

Corresponsal jefe en Haití

Según la Organización de Naciones Unidas (ONU), la trata de personas es un delito que implica la explotación de individuos a través de métodos coercitivos, con fines como la explotación sexual o el trabajo forzado.

La trata de personas se define como la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas mediante el uso de la fuerza, amenazas, engaño o abuso de poder, con el objetivo de explotarlas.

Este delito –en opinión del organismo internacional- afecta a mujeres, hombres, niños y adolescentes, y se considera una forma moderna de esclavitud.

Estima la ONU que hay alrededor de 2,5 millones de víctimas en todo el mundo, y se considera que por cada víctima identificada, hay 20 más no detectadas.

Es una violación grave de los derechos humanos y un delito que requiere atención y acción global.

Haití sigue siendo un caso especial de acuerdo con recientes informes, de hecho, por segundo año consecutivo, el país caribeño está clasificado fuera de los estándares tradicionales de monitorización ante el colapso institucional y la violencia generalizada de las pandillas.

Las mujeres y las niñas son las más afectadas, pero los hombres y los niños también son víctimas.

Muchos países están trabajando para erradicar este problema, pero en el caso de Haití casi es imposible y al mismo tiempo es un gran desafío.

Desde hace varios años, la capital haitiana vive al ritmo de los ataques armados, los incendios provocados y los desplazamientos masivos, las pandillas fortalecieron su control sobre Puerto Príncipe y varios departamentos, se dice que hasta en un 90 por ciento.

El pandillerismo trajo consigo un grave impacto para la justicia, ya que muchos tribunales están cerrados, lo que impide las investigaciones y los juicios relacionados con los delitos de trata.

Incluso, el bandidaje socava la lucha contra el ya mencionado delito, pues los criminales utilizan escuelas, hospitales e incluso campamentos para personas desplazadas como campos de reclutamiento.

Informes revelados por el diario Le National subrayan que casi el 50 por ciento de los pandilleros son niños, una proporción que viene en aumento desde 2024.

Estos menores son obligados a cometer delitos: espionaje, secuestro, saqueo, extorsión e incluso asesinato. La delincuencia infantil forzada también tipifica como una forma generalizada de trata de personas.

Un problema serio es el poco acompañamiento del sistema de justicia, el cual está respaldado por Ley contra la trata de personas de 2014 (n.º CL/20140010).

La norma prevé penas severas de hasta cadena perpetua si la víctima es un niño, pero la realidad es diferente.

De hecho, el pasado año el gobierno haitiano no informó de investigaciones, enjuiciamientos ni condenas por trata. Solo en 2023 se registraron 24 pesquisas y cinco penalidades en este apartado.

Existen dos factores internos que agravan esta problemática, uno de ellos es la corrupción y el otro la complicidad de las autoridades, según el rotativo.

Aunque nadie del Estado fue descubierto, organizaciones civiles aseguran que existen prácticas comunes de colusión, jueces que aceptan sobornos, policías que encubren a los traficantes y funcionarios que suministran armas a las pandillas.

Tal impunidad socava la confianza de las víctimas y desalienta cualquier denuncia, que se le suma además el miedo de los afectados a las represalias, el estigma social y la falta de mecanismos de protección confiables.

Es imposible dejar a un lado el tema de los llamados Restavek en Haití, vinculados con la explotación doméstica.

Según Le National, el sistema de servidumbre doméstica de niños, conocido como Restavek, sigue siendo una de las principales formas de trata en Haití.

A menudo sus padres esperanzados de que su hijo tendrá un futuro mejor caen en la trampa de la trata de personas, y sus descendencias terminan explotados en casas cumpliendo con tan corta edad tareas incesantes, abuso físico, falta de educación y sin salario.

Los infantes Restavek, en el caso de las hembras, son víctimas de la trata sexual, mientras que los varones son explotados principalmente en el trabajo forzoso.

Este fenómeno está profundamente arraigado en la sociedad haitiana, persiste a pesar de los compromisos oficiales.

A menudo el Estado no regula con rigor los orfanatos, y los encargados inescrupulosos se aprovechan de la inocencia de los menores, y convierten esos recintos en verdaderas incubadoras para la trata de personas.

Según la fuente antes mencionada, en 2023, se estima que 30 mil niños vivían en orfanatos, el 80 por ciento de los cuales todavía tenían al menos un padre vivo, y los dueños de estas instituciones lucran a costa del dolor y el sufrimiento de ese segmento tan sensible de la sociedad.

arc/joe