No obstante, en las últimas décadas las poblaciones nativas alcanzaron victorias y avances en la consolidación de sus derechos, pero siguen estando extremadamente distantes de la atención pública, carecen de recursos financieros, personal calificado, instrumentos de trabajo y colaboración calificada con los estados y municipios.
Todo esto se agravó extremadamente en los últimos años, es decir, durante las administraciones de Michel Temer (2016-2018) y Jair Bolsonaro.
Según estudiosos, la discriminación, la violencia, la pobreza y el escaso acceso a los servicios básicos siguen siendo problemas comunes para estos pueblos.
“Los pueblos Yanomami y Munduruku son hoy el principal foco de la minería, pero otras tierras indígenas también sufren de acoso por parte del gobierno de Bolsonaro, liderado por el presidente de la FUNAI (Fundación Nacional del Indio), Marcelo Xavier”, denunció el líder indígena Kretã Kaingang.
SANGRE DE PUEBLOS INDIGENAS
En tal sentido mencionó que por lo visto la solución para las tierras indígenas sería extraer metales preciosos en el territorio y arrendar terrenos a la empresa privada para la producción de soja y ganado.
Alertó que otras zonas también están siendo agredidas para ceder tierras a la minería de oro, la deforestación, el petróleo, el gas, los ferrocarriles, las carreteras, las líneas de transmisión, todo lo cual pasa por los territorios indígenas.
De acuerdo con Kretã Kaingang, el principal apoyo que necesitan actualmente las comunidades aborígenes es la visibilidad. “Estas luchas no son solo responsabilidad de los pueblos indígenas de Brasil, sino también de todos, porque devastar la Amazonia es una amenaza para el planeta, para otros países, para otros continentes”.
Gobiernos perciben como se pierde poco a poco la mayor selva tropical del mundo y emerge la política genocida y ecocida del gobierno de Bolsonaro “y hacen muy poco”, exteriorizó el cacique.
Instó a autoridades de países a adoptar medidas ante la deforestación, la quema, la minería, la invasión en tierras ancestrales, la usurpación de territorios, de unidades de conservación y áreas protegidas, acciones financiadas mayoritariamente por empresas europeas y estadounidenses, “principales compradoras de productos que llevan consigo la sangre de los pueblos indígenas de Brasil y Sudamérica”.
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