Por Zeus Naya
Corresponsal jefe en Guatemala
Ese fenómeno obedece a una mayor acumulación de riquezas en pocas manos, explicó en declaraciones a Prensa Latina el cofundador del Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las organizaciones históricas de defensores de los campesinos.
Los desalojos, el despojo de la tierra de los pueblos indígenas en especial, que comenzó hace 500 años, no ha parado, agregó el coordinador de la Asociación Maya Uk’U’x B’e.
En muchos lugares en este país –acotó- se compró dos, tres veces la tierra, el pedazo de parcela que la gente tiene, y lo veo más como una situación de la presencia de empresas transnacionales.
A juicio del luchador por la defensa del territorio originario, la oposición va a acelerar toda esta problemática para dejar una imagen en la gente de que es la actual administración la que está provocando esto.
“Somos una sociedad bastante despolitizada, que conoce poco de nuestra situación por la sencilla razón de que el empobrecimiento hace grandes estragos en la población”, describió.
LA CIFRA DE 2024
Organizaciones sociales mencionan 16 desalojos en lo que va de año (85 se dieron en 2022), familias totalmente abandonadas a su suerte, les quemaron sus casas y los dejaron fuera, detalló Hernández, quien viviera en el exilio en Europa y luego en los Estados Unidos.
Descartó la existencia de algún protocolo que se deba respetar, por lo que las sacan de aquí sin que tengan un espacio allá con condiciones, remarcó.
Los afectados, insistió el dirigente indígena, ancianos, niños, juventud, todo esto, aparte del temor que provoca, asimismo las condiciones y los problemas psicológicos.
Para el entrevistado, las instituciones responsables de atender la situación agraria están cooptadas por grupos que bajo actos de corrupción obtienen títulos falsos para apropiarse de tierras ocupadas por las familias campesinas.
El Ministerio Público es el actor principal, el juez el que ordena el desalojo y en los territorios estas estructuras del Estado que deberían servir para proteger los derechos ciudadanos, protegen a las oligarquías, expresó.
“La justicia en nuestro país prácticamente no existe para nosotros, sino para ciertos grupos, para castigar a los rebeldes, indios, campesinos, sector democrático”, afirmó el cofundador del CUC.
Pareciera la época colonial, esto mismo sigue en la actualidad, porque el sistema como tal nunca tuvo ruptura, la única vez que se sintió amenazado fue con la Revolución del 1944 al 1954, que comenzó a devolver derechos a los pueblos, recordó.
Ya son 70 años –reflexionó- y los ricos prácticamente se organizaron, se articularon para que no vuelva a venir una amenaza a sus intereses económicos.
GOBIERNO ACTUAL
En palabras de Hernández, está instalada una mesa de conflictividad agraria desde febrero y el Ejecutivo actual parece tener la intención de querer hacer algo, lo otro –dijo- son las posibilidades reales de lograr resultados.
Es probable que se mantenga, consigan algunos pequeños logros, pero aquí en Guatemala el tema, como en muchas naciones, es estructural, histórico, comentó.
Cuál es el derecho que les asiste para proceder con estos desalojos violentos, preguntó el coordinador de la Asociación Uk’U’x B’e, mientras respondió que los documentos que tienen son falsos.
Por eso –enfatizó- la gran necesidad de hacer toda una investigación, quiénes son los verdaderos propietarios, y los que se dicen dueños, los terratenientes, los finqueros, cómo obtuvieron esas tierras.
Lo que sí sabemos y estamos claros –apuntó- es que las adquirieron de forma ilícita, la gente fue desalojada de forma violenta, perseguida y tuvieron que dejar sus dominios.
DENUNCIAS
De acuerdo con el activista comunitario, el establecimiento y la presencia de las grandes empresas en diferentes zonas del país aparece como un gran tema, por el impacto que causan, no solo con los desalojos.
Afecta la vida de la gente, el desvío de ríos, principalmente en Chichicastenango, municipio del departamento de Quiché, en la costa sur, y en otros lados, añadió.
La presencia de las hidroeléctricas en diferentes territorios genera conflictos, advirtió el miembro de la convergencia maya Waqib’kej.
“Nosotros podemos estar en condiciones económicas bastante difíciles, pero si no tenemos empresas que llegan, pues se ha sobrevivido, buscado la armonía entre comunidades”, trasmitió a Prensa Latina.
Sin embargo, particularizó, cuando aparecen provocan división, violencia y otra cantidad de cosas, mientras ejemplificó con el municipio de San Miguel Ixtahuacán, en San Marcos, cuando llegó la mina Marlin en 2005.
Allí no había nada más una cantina, contó Hernández, y sumó que a los dos o tres años había una cifra superior a las 100 en el pueblo.
Entonces –expuso- la promoción del consumo de alcohol para que la gente no piense por sus derechos, vean de manera falsa un desarrollo.
LA MADRE TIERRA
Nuestra relación con la Madre Tierra no es de propiedad, es de convivencia, de respeto, de armonía, de cuidarla, amarla como lo que es, manifestó el dirigente indígena.
En la comunidad donde crecimos, pues ahí se dio nuestra historia, están enterradas abuelas y abuelos y queremos que en el futuro ahí vivamos como las próximas generaciones, recalcó.
Esta cuestión de los desalojos rompe con toda esta relación comunitaria, con la Madre Tierra, además se pierde identidad, cultura, resaltó el experimentado líder campesino.
La esperanza es seguir luchando, aseguró, “porque el país no está en armonía” y “los pueblos indígenas tenemos propuestas”, amplió Hernández.
Reivindicamos –destacó- junto con el Comité de Desarrollo Campesino, el CUC, el movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, entre otros, la propuesta de un Estado plurinacional.
Guatemala es la continuidad del colonialismo de estos 200 años de la mal llamada independencia, por lo cual llamamos y hablamos de la gran necesidad de un Estado distinto, concluyó el dirigente indígena maya quiché.
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