Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefe en República Dominicana

En solo un día, los reportes oficiales muestran la magnitud del problema: una mujer condenada por atacar con un bisturí a una niña en una escuela de Azua; un hombre sentenciado por mutilar a otro con un machete; un imputado por asesinar a su pareja en Santo Domingo Este; un agente policial acusado de matar a su compañera sentimental e intentar ejecutar a un familiar.

Los casos aparecen uno tras otro, casi sin pausa, hasta convertirse en parte habitual del panorama nacional.

La situación adquiere mayor gravedad cuando se observa que los hechos ya no se limitan a escenarios vinculados con el crimen organizado o la delincuencia común.

Las agresiones ocurren dentro de hogares, centros educativos, barrios y en las relaciones de pareja, evidencia de una crisis social mucho más profunda y compleja.

FEMINICIDIOS ENCIENDEN LAS ALARMAS

Los recientes asesinatos de mujeres registrados en Santo Domingo Este han vuelto a encender las alarmas.

El homicidio de Esmeralda Moronta la semana pasada provocó indignación nacional, porque la víctima acudió horas antes a una unidad especializada del Ministerio Público para denunciar intimidación y solicitar protección contra su expareja.

Poco después la muchacha de 33 años y madre de dos menores fue perseguida y asesinada a tiros en un colmado (tienda de barrio) del sector Alma Rosa.

Tras el crimen, la procuradora general Yeni Berenice Reynoso ordenó investigar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género agotó todos los protocolos de resguardo establecidos para casos de alto riesgo.

La medida evidenció la preocupación institucional sobre posibles fallas en los mecanismos de prevención y respuesta.

Sin embargo, antes de que el país terminara de asimilar ese evento, otro crimen volvió a registrarse en Santo Domingo Este.

Indhira Carolina Beltré, de 33 años, murió presuntamente a manos del hombre con quien tuvo una relación, Camilo Rodríguez, en el sector La Toronja. El hecho ocurrió menos de 72 horas después del asesinato de Moronta y dejó nuevamente a dos niñas en la orfandad.

Para la periodista y activista afro Maribel Núñez, el problema tiene raíces culturales profundas asociadas al machismo estructural que continúa marcando las relaciones entre hombres y mujeres en la sociedad dominicana.

Núñez expresó a Prensa Latina que muchas mujeres son criadas bajo patrones culturales que las reducen a su condición de género y les enseñan a depender económicamente de un hombre, mientras a los varones se les inculca el papel de proveedores, pese a que actualmente más de la mitad de los hogares del país son sostenidos y dirigidos por ellas.

Consideró que ese modelo patriarcal alimenta situaciones de violencia y limita la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Asimismo, sostuvo que desde el Estado no existe una política educativa para enfrentar el problema con profundidad.

Según explicó la destacada luchadora por los derechos humanos, los intentos de implementar programas de educación con enfoque de género, dirigidos a promover justicia social desde las aulas, han encontrado resistencia en sectores conservadores con influencia política y social.

La cercanía entre ambos sucesos profundizó el debate acerca de la efectividad de las políticas de prevención y sobre la necesidad de fortalecer la protección a féminas que enfrentan amenazas o agresiones.

También aumentó la percepción de que el ultraje machista continúa expandiéndose, pese a algunas campañas institucionales, órdenes de alejamiento y unidades especializadas.

Hasta mayo de este año se contabilizan 30 mujeres asesinadas por parejas o exparejas, frente a 22 casos registrados en el mismo período de 2025, lo que confirma la tendencia al alza de la violencia machista.

El dato más alarmante es que el 86 por ciento de las víctimas no había presentado acusación previa contra su agresor, lo que dificulta la intervención temprana de las autoridades.

“Muchas mujeres no denuncian, porque sienten miedo de las represalias, no siempre confían en que las autoridades les van a proteger de verdad, o piensan que no va a pasar nada. También influyen la dependencia económica o la presión social”, expresó una vecina consultada de manera informal por Prensa Latina.

El Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo concentraron 41 por ciento de los episodios, con cinco y cuatro, respectivamente. La mayoría de ellas tenía de 18 a 35 años, rango de edad que también predominó entre los agresores.

En 12 de estos el responsable era su compañero sentimental y en ocho la expareja, mientras que las armas blancas y de fuego figuraron entre los métodos más utilizados.

El informe también reveló que en los primeros tres meses del año se presentaron más de 17 mil denuncias por violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en el país.

Las autoridades emitieron unas siete mil 700 órdenes de protección provisionales, aunque solo dos mil 234 se convirtieron en medidas formales aprobadas por tribunales, de acuerdo con cifras oficiales.

Los datos reflejan la persistencia del maltrato contra la mujer y los desafíos que encara el sistema de cobertura, especialmente cuando la mayoría de las víctimas nunca llegó a reportar formalmente a sus agresores.

NORMALIZACIÓN PREOCUPANTE DE LA AGRESIVIDAD

Pero el problema trasciende los feminicidios. Analistas y especialistas advierten que República Dominicana enfrenta una normalización preocupante de la reacción hostil. Conflictos cotidianos terminan en ataques mortales, discusiones familiares escalan rápidamente hacia hechos violentos y la intolerancia parece ganar espacio en distintos ámbitos de la sociedad.

La facilidad de acceso a armas de fuego y armas blancas, el deterioro de la salud mental, el consumo de sustancias, las tensiones económicas y la falta de mecanismos eficaces de mediación también aparecen entre los factores que alimentan esta crisis.

A esto se suma el impacto de entornos sociales donde la brutalidad muchas veces se reproduce como forma habitual de resolver controversias.

La procuradora general de la República advirtió recientemente que el sistema de justicia enfrenta límites estructurales para contener la progresiva inseguridad que afecta al país y afirmó que la solución de fondo debe construirse desde la familia, las escuelas y el tejido social.

Las declaraciones de la magistrada reabre un debate que desde hace años permanece en discusión en República Dominicana: el alcance real de las instituciones judiciales frente al deterioro de la convivencia social y al aumento de conductas perturbadoras que impactan a las comunidades.

Reynoso reiteró además su propuesta de impulsar un Pacto de Estado contra la violencia y la criminalidad, una iniciativa que busca involucrar a todos los sectores y mantenerse más allá de los períodos gubernamentales y los ciclos electorales.

“Le llamamos Pacto de Estado porque tiene que participar toda la sociedad: juntas de vecinos, iglesias, escuelas y todos los sectores representativos”, explicó la magistrada.

La procuradora insistió en que el compromiso para lidiar con estas manifestaciones debe colocarse por encima de diferencias políticas o partidarias.

“No importa el presidente ni el partido que gobierne; lo importante es que como país definamos el modelo de ciudadanos que queremos construir”, expresó.

VIOLENCIA CON IMPACTO SOCIAL

Detrás de cada expediente existen familias destruidas, niños marcados por el trauma y comunidades que viven bajo miedo e incertidumbre.

Cada muerte por motivos de género deja hijos huérfanos; cada homicidio impacta barrios enteros; cada agresión alimenta la percepción de incertidumbre que afecta la vida cotidiana de miles de personas.

Las respuestas no pueden limitarse únicamente a condenas judiciales después de ocurridas las tragedias. El país necesita fortalecer la prevención, ampliar la atención en salud mental, mejorar el control de armas, reforzar la educación en valores y desarrollar políticas públicas capaces de actuar antes de que los conflictos desemboquen en violencia extrema.

También resulta urgente recuperar la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de defender a las amenazadas y garantizar seguridad.

Cuando una mujer denuncia y posteriormente pierde la vida, o cuando las disputas se repiten casi a diario, la sensación de vulnerabilidad colectiva aumenta.

República Dominicana afronta hoy un desafío que supera el ámbito policial y judicial. Se trata de una crisis social que exige respuestas integrales y sostenidas desde el Estado, las familias, las escuelas y la ciudadanía en general.

Mientras la violencia continúe acumulando víctimas día tras día, el país seguirá atrapado en una espiral de dolor, temor e incertidumbre.

arc/mpv