Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Corresponsal jefe en Venezuela
Tres acuerdos firmados en menos de un año entre las partes dan fe de ello, y todo bajo la voluntad y deseo de hacer prevalecer la democracia y la paz en medio de la polarización prevaleciente, que se exacerba antes, durante y después de estos procesos.
Los comicios de julio, el número 31 desde la llegada de la Revolución bolivariana, no están exentos de la agudización política entre las partes contendientes, con una derecha extrema y otra más moderada que insisten en terminar con el proceso social iniciado por el comandante Hugo Chávez.
La batalla que se libra en la actualidad, cuando todavía no ha comenzado la campaña oficial, que se inicia el 4 de julio y se extiende hasta el 25, se libra en el plano simbólico y comunicacional a través del “Gallo Pinto”, en representación del candidato Nicolás Maduro, y “Los Patarucos” de la oposición.
El primero muestra a un animal fuerte de pura raza, de pelea y canto estridente, y al que la tradición popular le dedicó ya poesías y canciones, mientras los segundos son todo lo contrario y por demás pusilánimes.
Por eso el actual jefe de Estado, que aspira a un nuevo mandato de seis años, pregunta en cada acto ante miles de sus seguidores, si el pueblo quiere un “presidente débil y manipulable o un títere de la oligarquía”.
Quieren ustedes un gobernante sin energía que no pueda ni caminar, no conozca su país, ni sus luchas ni esperanzas del pueblo, aseveró en referencia a su principal rival y candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Edmundo González.
Cuál de los 10 candidatos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral “la tiene bien puesta para garantizar la paz y estabilidad de Venezuela, tiene liderazgo fuerte en el pueblo y la Fuerza Armada Nacional”, preguntó recientemente a pobladores en la ciudad de Quibor, estado de Lara (noroccidente).
En medio de esta controversia se disputa por ahora la precampaña, junto a otras que definen el destino del país, cuando el actual Gobierno propone afianzar el rumbo trazado hace un cuarto de siglo, y el resto de sus nueve oponentes pretende ir hacia el pasado.
El Plan de la Patria de las Siete Transformaciones hacia el 2030 de Maduro busca avanzar en la consolidación del socialismo del siglo XXI, en tanto las propuestas opositoras hablan de privatizaciones y de discursos vacíos para resolver problemas que ellos mismos generaron.
ACUERDOS DE BARBADOS Y CARACAS
Los consensos alcanzados mediante los Acuerdos de Barbados (2023) y de Caracas (2024), definieron en principio la ruta a seguir para la celebración de las elecciones el 28 de julio, pero siguen siendo también motivo de discordias entre sus firmantes.
La oposición representada en la Plataforma Unitaria Democrática acusa al Gobierno de incumplir lo pactado y el oficialismo responsabiliza a esta de violentar lo suscrito.
Un elemento cuestionado por la PUD es que el Ejecutivo impidió la selección de manera libre y acorde a las leyes y la Constitución de su candidato, representado en un inicio en la inhabilitada María Corina Machado, quien supuestamente ganó en octubre del pasado año los comicios internos de la derecha.
Sin embargo, la propia derecha moderada calificó esos sufragios de fraudulentos por la serie de irregularidades detectadas como el robo y quema de boletas, impedimentos para votar a algunos líderes de otros partidos y el incremento desmedido del número de electores, que cifraron en más de dos millones.
El candidato de Acción Democrática Carlos Prosperi dejó entrever entonces la posibilidad de fraude al calificar de sesgados los resultados comiciales y donde “mucha gente no pudo participar”.
Lo ocurrido obedeció al hecho de no haber contado con el sostén del Consejo Nacional Electoral (CNE) que había ofrecido apoyo logístico, y “hemos visto el desastre”, afirmó Prosperi.
El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, denunció que esos comicios no fueron organizados por ninguna comisión electoral, sino por Súmate, una organización que “es el imperialismo norteamericano”.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, afirmó que lo sucedido “no fue una elección, sino una farsa”, y en Barbados firmaron un acuerdo que garantiza que las votaciones sean justas, libres y demostrables; lo ocurrido el domingo (22 de octubre) “no hay manera de verificarlo”, aseveró.
La periodista brasileña Patricia De Oliveira Souza Lelis, quien trabajó en varios medios de comunicación en Estados Unidos cubriendo noticias de América Latina, puso al descubierto que Machado recibió durante esos comicios internos un soborno de 3,2 millones de dólares.
Los dineros, pagados por el lobby estadounidense Howard Stirk Holdings, preveían la entrega de la empresa estatal Petróleos de Venezuela a la trasnacional Chevron y serían utilizados para “financiar toda la campaña electoral y centrarse mucho en las redes sociales”.
La derecha acusó también al oficialismo de incumplir con la actualización del registro electoral, según lo pactado en Barbados, al decir que las jornadas especiales establecidas en lo nacional e internacional no garantizaban la inscripción y actualización de millones de venezolanos.
En ese sentido, el CNE fijó desde el 18 de marzo y hasta el 16 de abril la inscripción y actualización del registro electoral con la activación de 315 puntos fijos y más de mil 43 máquinas distribuidas en todo el país.
Mediante la resolución No. 240601-046 el Poder Electoral aprobó el cuadro estadístico del Registro Electoral (RE) definitivo, con fecha al 16 de abril de 2024, en el que un total de 21 millones 620 mil 705 votantes quedaron inscritos para participar en las presidenciales de julio.
De ese total de registrados, 21 millones 392 mil 464 son venezolanos y 228 mil 241 extranjeros, según los datos.
En comparación con el RE final divulgado el pasado 30 de octubre, a propósito del referendo consultivo del 3 de diciembre sobre el Esequibo, aumentó en 593 mil 585 electores más.
Como parte de ese proceso, los votantes tuvieron hasta el 14 de mayo pasado para subsanar los errores de no aparecer en el registro o estar incluidos en un centro de votación equivocado.
La PUD responsabilizó al Gobierno, además, de no permitir que Machado participara en las elecciones presidenciales de este año, cuando se sabía que estaba inhabilitada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
María Corina está acusada de una serie de delitos, mediante la resolución No. 01-00-000398 del 13 de julio de 2015.
Como parte de los acuerdos de Barbados, las autoridades permitieron a inicios del 2024 la revisión ante el TSJ de 10 personas inhabilitadas, de los cuales a cinco les fue levantada la sanción, y a otros dos, Machado y Enrique Capriles, les fue ratificada la sentencia que les impide ejercer funciones públicas por 15 años.
Sobre la dirigente de Venta Venezuela, y todavía aspirante a presidenta, el máximo órgano judicial venezolano mencionó que es partícipe de la “trama de corrupción orquestada por el usurpador Juan Guaidó”, que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana.
Intervino también en el “despojo descarado” de las empresas y riquezas del pueblo en el extranjero, por un valor aproximado de 34 mil millones de dólares.
Machado incumplió, además, disposiciones establecidas en la Constitución, al aceptar en marzo de 2014 la acreditación como representante alterna de la delegación de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, que le hizo perder su investidura como diputada a la Asamblea Nacional.
POR EL DEBIDO RESPETO AL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
En el más reciente acuerdo del 20 de junio, sugerido por el presidente Nicolás Maduro y hecho suyo por el Consejo Nacional Electoral, ocho de los 10 candidatos presidenciales comprometidos con las elecciones firmaron un nuevo documento para reconocer sus resultados.
El texto fue rubricado por siete opositores y Maduro, y fue visto como otro espaldarazo mayoritario a la paz, la democracia e institucionalidad, en medio de denuncias de probables hechos de violencia y planes desestabilizadores.
Acudieron a la sede del Poder Electoral Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Antonio Ecarri, Benjamín Rausseo, José Brito, Javier Bertucci, Enrique Márquez y Nicolás Maduro.
Se negaron el representante de la PUD, Edmundo González, y Enrique Márquez, del partido Centrados, acción que Cabello vio como evidencia de las verdaderas intenciones.
El texto vino a reforzar los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Barbados, sobre todo el de garantías políticas para todos, y el Caracas de febrero de 2024.
La nueva propuesta enfatiza en el respeto al Poder Electoral como ente rector comicial, apuesta por la paz, el respeto a la soberanía nacional, la no injerencia de los Estados y el acatamiento de las leyes y disposiciones constitucionales.
Los nueve puntos sintetizan la obediencia de los aspirantes a Presidente a las “leyes que rigen los procesos electorales”; admitir al CNE como única autoridad capaz de organizar, administrar, dirigir y vigilar los sufragios de julio, paso este trascendente ante las campañas internas y externas instaladas para su descrédito.
Reconoce el cumplimiento por el Consejo Nacional de las garantías electorales establecidas en el cronograma aprobado para el actual proceso, así como ratificar sus resultados tras la decisión del voto popular en las urnas.
Establece lidiar en un clima de respeto, paz y participación democrática, a no interferir ante, durante y después del proceso, y reconocer la voluntad del pueblo para evitar la violencia y la desestabilización, entre otros, como exigir a gobiernos el respeto a la soberanía, autodeterminación y la voluntad del pueblo venezolano.
Quizás el sentir mayoritario lo expresó Maduro al decir que “no queremos violencia, y si el árbitro te convoca, estás obligado como candidato a acudir a escucharlo porque el país merece tranquilidad para pensar en el futuro y seguir avanzando”.
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