Por Luis Beaton

Corresponsal jefe en El Salvador

En ese empeño, la Resistencia Feminista-FDIM lanzó una convocatoria para “marchar unidas” el 8 de marzo contra el neofascismo y nuevas opresiones a las que se ven sometidas las féminas.

Las mujeres salvadoreñas ratificarán así la vigencia de su Día Mundial cuando acudan al céntrico parque Cuscatlán, en esta capital, para expresar reclamos tradicionales en una sociedad que pese a algunos avances aún niega derechos como el de decidir sobre sus cuerpos, el embarazo y el aborto.

En 1997, en El Salvador se reformó el Código Penal al establecer la prohibición absoluta del aborto, que todavía hoy se mantiene como un pecado capital y es calificado de homicidio, según el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

Esta situación es compleja en un país donde las mujeres, según los datos del Censo de 2024, representan el 52,8 por ciento del total de seis millones 29 mil 976 habitantes, y en la cual la mayoría de los políticos le da la espalda al tema, ya sea por temor, ignorancia o conveniencia política.

Si interrumpe el embarazo, aún de forma natural y no provocada, la mujer se ve sometida a persecución, y en muchas ocasiones es condenada a prisión por muchos años. Incluso, el ministro Villatoro critica a los que promueven la legalización del aborto, un hecho que tilda de homicidio.

Presuntamente la interrupción va en contra de la natura, según dijo, y preguntó: “¿Cuál podría ser el homicidio más vil y cobarde que se puede cometer en el mundo? ¿Te imaginas tú quitarle la vida a un ser humano que tiene 24, 26 semanas de gestación? Claro, es un homicidio”, sentenció.

Si embargo, habría que preguntar a las mujeres de bajos recursos, a veces violadas y preñadas, cómo valoran esta situación.

El Código Penal salvadoreño establece, en el artículo 133, que el aborto es penado con cárcel de dos a ocho años, y hasta 12 años si es agravado, lo cual evidencia que las mujeres aquí enfrentan una situación de “criminalización”, según denuncias de la Asamblea Feminista, la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto y la Colectiva Feminista.

En esta ocasión de protestas y reclamos no faltará el recuerdo de “Manuela”, una joven de la zona rural de Morazán, quien sufrió una emergencia obstétrica y un parto extrahospitalario en 2008, por lo que fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado.

Mientras estaba en prisión fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular, le recetaron quimioterapia y sus representantes dijeron que hubo un tiempo en que le fue negada. Murió el 30 de abril de 2010, en el pabellón de reos del hospital Rosales, de San Salvador, según activistas.

No es extraño que durante la “marcha unida”, las féminas denuncien que el Estado salvadoreño incumple y vulnera tratados internacionales, no ofrece alternativas a las mujeres que enfrentan complicaciones obstétricas y que presentan partos extrahospitalarios, indicó una activista.

Según Morena Herrera, presidenta de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, cuando el Estado salvadoreño trata las emergencias obstétricas con las herramientas del Régimen de Excepción comete una doble discriminación y violación de derechos.

“El Estado criminaliza a mujeres pobres, las trata como delincuentes que amenazan la seguridad de la sociedad y esto no es así”, dijo.

Al respecto de estas legislaciones y políticas, en un país marcadamente religioso, activistas como Ivonne Polanco, de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, manifiesta su preocupación por los graves impactos que tiene esta reglamentación contra la interrupción del embarazo en la vida y salud de las mujeres.

Este es apenas una parte del problema, que aunque complejo no evita que otras aristas sean consideradas en la ocasión del Día Mundial de la Mujer.

Por ejemplo, El Salvador tiene una de las brechas de participación laboral más altas de Latinoamérica, algo que refleja la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un informe según el cual poco más de la mitad de las mujeres tienen participación en el mercado laboral, mientras que ocho de cada 10 hombres se encuentran en la misma situación.

El documento precisó que el llamado Pulgarcito de las Américas posee la tercera brecha más amplia de desigualdad si se mira que el 50.5 por ciento de las mujeres participaron de la vida laboral en 2023, un número inferior que 81.5 de los hombres que sí lo hacen.

Esa brecha rondó los 31 puntos porcentuales en 2023, una porción superada solo por Honduras y Guatemala.

“En México y algunos países de América Central, como Guatemala, Honduras y El Salvador, esta brecha supera los 30 puntos porcentuales”, señaló la pesquisa de la OIT.

Los números son alarmantes si se mira que en los últimos años las mujeres en la región avanzaron en el ámbito educativo, tras presentar mayores tasas de finalización de educación secundaria y terciaria, al mismo tiempo que suman más estudiantes en la educación superior.

La organización internacional llama la atención en las brechas presentes en la calidad del empleo y el “tipo de inserción laboral” de las mujeres frente a sus pares masculinos, porque las trabajadoras en todo el continente tienen mayores dificultades para encontrar empleo, “sobrerrepresentándolas” en el trabajo a tiempo parcial.

Las brechas entre hombres y mujeres también se evidencian en el salario que estos reciben, pues, en promedio, en Latinoamérica los hombres ganan un 11 por ciento más de salario que las mujeres, algo que no excluye a los salvadoreños.

Estos son apenas unos pocos ejemplos del cuadro adverso que ellas enfrentan en un país donde están poco representadas en la política, en la esfera legislativa y en los espacios de decisiones importantes. arb/lb