Por Luis Beatón Corresponsal jefe en El Salvador

En días recientes, el presidente del Senado español, Pedro Rollán, al recibir al vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, destacó “el milagro” que a su juicio logró el país centroamericano en materia de seguridad en los últimos años.

Pese a ser blanco de severas críticas de opositores, de organizaciones defensoras de derechos humanos locales e internacionales, la normativa recibe en encuestas de opinión más del 90 por ciento de aprobación.

Algunos observadores señalan que la población cedió derechos en función de la seguridad. Eso no está lejos de la verdad pues el ambiente que se respira en el país cambió de 2022 a la fecha.

Antes, en muchos escenarios no se podía traspasar una línea pues significaba acercarse a la muerte, a la extorsión o caer en manos de grupos de pandillas. El ejemplo está ahí, en el Centro Histórico capitalino, donde se corría el riesgo de ser víctima de pandilleros.

En cambio hoy el lugar es un remanso de paz donde la restauración emprendida por el presidente Nayib Bukele cuando fue alcalde y continuada por su sucesor Mario Durán, crearon un escenario moderno muy visitado por salvadoreños y turistas.

Ese, entre muchos, es uno de los “milagros” en seguridad alcanzado por el gobierno que, entre otras cosas, logró organizar a cerca de 30 mil comercios informales, muchos regenteados por pandillas, para limpiar las calles de las llamadas maras.

Las encuestas de Cid Gallup y de la Universidad Centroamericana (UCA) mostraron que la mayoría de la población (96 por ciento, según Ulloa) pide su continuidad, pese a críticas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y organismos internacionales.

Pese a que se suspendieron al menos tres derechos constitucionales, Ulloa aseguró en Madrid que bajo el régimen “no hay ninguna libertad pública que se haya afectado” y reiteró que, aunque las medidas excepcionales no deben ser permanentes, su mantenimiento responde a la necesidad de consolidar la seguridad.

A cuatro años de aprobada por la Asamblea Legislativa, el 27 de marzo de 2022, a solicitud de Bukele, inicialmente por 30 días, la normativa fue prorrogada de forma mensual y hasta ahora llevó tras las rejas a cerca de 91 mil personas, presuntos pandilleros y colaboradores.

“¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?”, dijo el vicemandatario Ulloa al referirse a una encuesta que respalda su continuidad con un 96 por ciento.

Ulloa defendió lo que calificó como “el milagro de la seguridad” alcanzado por el gobierno salvadoreño, aunque admitió fallos en la aplicación del régimen, incluso el propio Bukele reconoció que hay cerca de nueve mil detenidos inocentes aunque la cifra es discrepada por organizaciones de la sociedad civil que la sitúan en cerca de 20 mil.

“No hay una obra humana que sea perfecta, se han cometido errores, se han capturado inocentes, pero cuando se han capturado inocentes han sido liberados”, afirmó Ulloa destacando que cerca de ocho mil personas ya recuperaron su libertad.

LEGALIDAD DE LA MEDIDA

La Constitución de la República de El Salvador establece el Régimen de Excepción para responder a circunstancias extremas, tales como guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o graves perturbaciones del orden público.

Asimismo, permite que se suspendan las libertades de movimiento, expresión, asociación, e inviolabilidad de las comunicaciones, algo que en esencia aprobó la Asamblea para combatir a las pandillas.

Además, la Asamblea Legislativa puede suspender algunos elementos del derecho a la defensa y de la privación de libertad como ocurre en la actualidad, del derecho de la persona detenida de ser informada de los motivos de la retención.

De igual forma, la privación de libertad por parte de la Policía Nacional Civil sin necesidad de una orden judicial o de que la persona esté cometiendo un delito en flagrancia, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa que se pasó de 72 horas a 15 días, también conforman el cuadro.

A eso se suma la suspensión del derecho a la inviolabilidad de la correspondencia e intervención de las comunicaciones sin necesidad de una orden judicial (las autoridades pueden intervenir las comunicaciones de los ciudadanos).

Las encuestas confirman que pese a críticas, hay respaldo a la normativa entre los salvadoreños para evitar la vuelta de las pandillas.

Es un proceso continuo de perfeccionamiento que además permitió reformas al Código Penal y a la Ley de proscripción de maras y pandillas para aumentar las penas por asociación ilícita de 20 a 40 años de prisión, y de 40 a 45 años de prisión para los líderes de estos grupos.

Esas entre otras acciones, permitieron que El Salvador pasara de tener una de las tasas de homicidios más altas del mundo a convertirse en uno de los países más seguros.

En el balance de resultados a través de las estrategias de seguridad en 2025 destaca el índice de 1.3 homicidios por cada 100 mil habitantes y llevar a cero por ciento la impunidad en el delito de homicidio.

Antes del régimen de excepción, esos guarismos situaban al país entre los más inseguros del hemisferio occidental con cifras de más de 100 asesinatos atribuibles a las pandillas por cada 100 mil habitantes.

Pese a todos sus logros, el régimen es considerado aun una visión extrema del derecho penal, según una definición aparecida en un artículo del sitio https://revistas.juridicas.unam.mx que considera la medida de los salvadoreños como una respuesta antijuridica para combatir la criminalidad.

Uno de los graves problemas del ejemplo salvadoreño consiste en que algunos gobiernos de la región podrían tener la tentación de importarlo a sus naciones, con consecuencias nefastas para la democracia y el Estado constitucional, valoró la publicación.

En ese sentido, y a cuatro años de su puesta en práctica, son ya varias las naciones de las Américas que buscan alternativas y se miran en el “espejo” salvadoreño para enfrentar sus altos índices de criminalidad.

Argentina, Chile, Costa Rica y Ecuador, entre otros países, buscan adoptar acciones que le permitan con herramientas del Pulgarcito de las Américas, frenar la delincuencia y la criminalidad.

Sin embargo, y así opinan algunos análisis, el milagro salvadoreño ocurrió en poco más de 21 mil kilómetros cuadrados, algo que es complicado replicar o copiar para naciones de gran extensión territorial.

Mención aparte es que la popularidad del gobierno de Bukele está cimentada en la imposición de un régimen de excepción que redujo drásticamente la criminalidad en el país mediante la detención y procesamiento masivo de personas integrantes de pandillas.

Milagro o no, ahí están los resultados, y compete solo a los salvadoreños modificar o no esta situación.

arb/lb