Por Yosbel Bullaín
Corresponsal jefe en Nicaragua
La presidenta Xiomara Castro calificó ese fallo de patriótico, histórico, justo y legal y afirmó que la justicia para el pueblo hondureño es no vender el territorio en partes, ni privatizar la soberanía.
Por mayoría de votos, el pleno de la CSJ declaró inconstitucional los Decretos 236-2012 sobre la reforma a los artículos 294, 303 y 329 de la carta magna, así como el 120-2013 que contiene la ley orgánica de las ZEDE, con efectos nulatorios por vulnerar artículos pétreos.
De ese modo, se cumple una de las principales promesas de campaña de la primera mujer presidenta de Honduras.
RECUPERAR LA SOBERANÍA
Para el miembro del Partido Libertad y Refundación (Libre) Rodolfo Pastor, con dicha derogación se defiende y construye una nación justa, democrática, próspera y pacífica, y se hace justicia al proteger la integridad territorial del país.
“Nosotros esperábamos que la discusión se diera, pero no sabíamos cómo estaba la correlación de votos dentro de la Corte Suprema de Justicia, y dado que se aprobó, nos sentimos muy contentos como la mayoría del pueblo hondureño”, expresó el vicepresidente del Congreso Nacional Hugo Noé Pino.
A decir del congresista, los inversionistas serios y responsables saben que una parte de la nación no puede tener una moneda diferente a la del territorio nacional, ni su propia Policía o tipos de impuestos, lo cual debe establecerlo el país con la soberanía que lo caracteriza.
La presidenta de la CSJ, Rebeca Lizzette Ráquel, expresó que con la derogación de las ZEDE celebran un avance importante en la defensa del Estado de Derecho y la soberanía nacional.
“Este poder judicial reitera su compromiso de velar por el respeto a la Constitución y las leyes, asegurando que cualquier iniciativa de desarrollo económico o inversión esté alineada con los principios fundamentales que rigen nuestra democracia y protegen los derechos de todos los ciudadanos”, manifestó.
Según la magistrada, la implementación de las ZEDE, suscitaron preocupación sobre la capacidad del Estado para ejercer autoridad en determinadas zonas, así como sobre el equilibrio entre la promoción de la inversión y el bienestar de los hondureños.
“La derogación de este marco nos brinda una oportunidad para replantear estrategias de desarrollo que beneficien de manera equitativa a la población, respeten nuestras instituciones y fomenten la transparencia”, subrayó.
CHANTAJE DESDE ESTADOS UNIDOS
La decisión de la CSJ se dio después de que la congresista estadounidense María Elvira Zalazar, en un mensaje en la red social X, amenazò con retirar la visa de Estados Unidos a los magistrados que votaran en contra de las ZEDE.
En respuesta, el canciller Enrique Reina pidió a Zalazar limitarse a legislar y dar instrucciones sobre Estados Unidos, pues Honduras es una nación soberana.
“Cuando la CSJ definió la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández para crear un verdadero narcoestado no les preocupó, o cuando se hicieron los fraudes electorales de 2013 y 2017.
Esos personajes son los que la mal informan de Honduras. No haga injerencia en los asuntos internos de otro Estado, no lo hacemos con el suyo, ni sobre las decisiones de su CSJ”, enfatizó.
RESPALDO DE ORGANISMO INTERNACIONAL
La Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (Oacnudh) manifestó su respaldo al fallo emitido por la CSJ y consideró que la decisión de derogar la ZEDE está acorde con las obligaciones del Estado.
A través de un comunicado, Oacnudh reiteró que la posibilidad de que entidades privadas establecieran sus propios sistemas administrativos, judiciales, tributarios y de seguridad, implicaba que el Estado cediera competencias que guardan relación con la vigencia de los derechos humanos para sus habitantes en condiciones de igualdad.
Según la oficina de la ONU en Honduras, a lo anterior se agrega la probabilidad de violaciones específicas de derechos humanos como la falta de consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas y afrohondureños, así como expropiaciones forzosas con el argumento de necesidad o interés público.
El texto también mencionó la privatización completa de servicios de salud, educación y seguridad social que repercutirían en la realización de los derechos sociales y la afectación al acceso a la información y participación de las comunidades impactadas en virtud del procedimiento opaco para la Constitución de la ZEDE.
Precisó que ofrece su asistencia técnica al Gobierno hondureño para que los futuros proyectos de desarrollo e inversión se conciban y ejecuten en armonía con el respeto y la garantía de los derechos humanos.
La aprobaciòn de las ZEDE corriò a cargo del Gobierno presidido por Porfirio Lobo (2010-2014), cuando el titular del Congreso Nacional era Juan Orlando Hernández, exgobernante hondureño que actualmente cumple condena en Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos conexos.
arc/ybv
