Por Adriana Robreño
Corresponsal jefa en Ecuador
En total son 11 preguntas por las que deberán votar Sí o No los más de 13 millones de ecuatorianos convocados dentro y fuera del país.
Con ese proceso Noboa busca reformar leyes vigentes sobre el control de armas y municiones por parte de las Fuerzas Armadas, así como la tipificación de delitos por tenencia de armas e incremento de penas para terrorismo o delincuencia organizada.
Otras preguntas de la consulta están relacionadas con la eliminación de la prohibición de extradición de connacionales y la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional.
Las dos interrogantes más polémicas y criticadas son las relacionadas con el contrato laboral por horas y la posibilidad de permitir el arbitraje internacional en materias de inversión, comercial y contractual.
La votación tendrá lugar en medio de una crisis energética, con apagones que ocurren en cualquier horario pese al cronograma anunciado y la promesa de suspender los cortes.
Esa situación se suma a la constante inseguridad, que persiste pese a la militarización, y a la crisis diplomática a raíz del asalto a la embajada de México, algo repudiado por la comunidad internacional.
“Estamos frente a un presidente con prácticas autoritarias”, afirmó el abogado y analista Mauro Andino, para quien Noboa quiere ganar como sea la consulta popular y para ello está haciendo de la mentira una herramienta electoral y de gestión política.
El jefe del Ejecutivo, por su parte, afirma que la consulta proporcionará las herramientas para “limpiar al país de las mafias, del narcoterrorismo y sus cómplices”, por eso llamó a votar Sí en todas las preguntas.
Sin embargo, movimientos políticos, sociales, sindicales y estudiantiles, así como expertos y analistas, advierten que es un proceso innecesario y engañoso, el cual costará 60 millones de dólares y pone en riesgo la soberanía nacional y a los trabajadores.
TRABAJO POR HORAS Y ARBITRAJE INTERNACIONAL
La interrogante E que aparecerá el venidero domingo en la papeleta propone enmendar la Constitución y reformar el Código de Trabajo para el contrato de empleo a plazo fijo y por horas.
Actualmente en Ecuador apenas tres de cada 10 ecuatorianos tiene empleo pleno, formal, con todas las garantías establecidas en la ley y, según el Gobierno, la variante sugerida sería un estímulo a la formalidad.
El historiador Juan Paz y Miño recordó que esa modalidad laboral ya estuvo vigente en el país y advirtió que “somete a los empleados a la superexplotación que anhela el sector de empresarios precarizadores”. Durante la campaña, el presidente Noboa afirmó que el trabajo por horas era regresión de derechos, pero poco después de llegar al poder cambió de opinión al parecer y lo incluyó en la consulta.
Ahora el Gobierno defiende que los derechos de quienes sean contratados bajo esa condición serán respetados.
El jurista Andino cree que esa variante propiciará un pago injusto por cada hora trabajada y hasta ahora ni siquiera el propio Ministerio del Trabajo se pone de acuerdo cuánto será el valor mínimo.
Entre las desventajas que él menciona está que no existe ninguna garantía de que se paguen el decimotercer y decimocuarto salario, las vacaciones y los aportes a la seguridad social.
De ser aprobado, existirá una migración masiva hacia esa modalidad por parte de los empleadores, ya que la gran mayoría preferirá no tener relación de dependencia con su obrero y simplemente contratará por horas, plantean desde las centrales sindicales.
Actualmente la Constitución ecuatoriana prohíbe acuerdos internacionales que cedan jurisdicción a instancias internacionales cuando se trate de controversias contractuales entre el Estado y personas privadas.
La pregunta D del referendo sugiere eliminar esa prohibición y permitir el arbitraje para resolver asuntos de inversión, contratos, comercio y materias relacionadas con deuda externa entre el Estado y personas privadas.
El abogado constitucionalista Ramiro Ávila cree que esa reforma es parte de una agenda que debilita a los Estados, fortalece a los agentes privados y protege los intereses corporativos.
Ávila puso el ejemplo del caso Chevron-Texaco, sobre el cual Ecuador falló a favor de las comunidades que sufrieron los impactos permanentes de la contaminación ambiental por la explotación petrolera, y el arbitraje internacional fue a favor de la empresa contaminante.
INSEGURIDAD
El resto de las interrogantes de la consulta están enfocadas en la cuestión de la seguridad y el Ejecutivo afirma que sin las herramientas propuestas no tendrá cómo combatir el crimen organizado.
Desde enero hasta la actualidad se encuentra vigente en Ecuador una declaratoria de conflicto armado interno y durante 90 días el país estuvo bajo estado de excepción para enfrentar las bandas criminales, catalogadas como terroristas.
La presencia de militares en las calles, conjuntamente con la Policía Nacional, no frena la violencia con extorsiones y asesinatos divulgados en la prensa nacional, aunque el Gobierno asegura que el número de muertes violentas disminuyó.
Para el abogado Ávila, la causa de los problemas no es la falta de armas, tipos penales o penas breves, tampoco los diseños legales de las garantías y de los derechos laborales, sino en la inequidad, la pobreza y en el mercado global de actividades ilícitas.
“Ninguna de las preguntas de la consulta apuntan a resolver estos problemas estructurales”, aseveró.
A su vez, organizaciones sociales y políticas, como el movimiento Revolución Ciudadana, aseguran que esos temas pudieron tratarse en la Asamblea Nacional (Parlamento), sin necesidad de gastar los 60 millones de dólares del proceso consultivo.
Es más, de ganar el Sí en esas cuestiones, el legislativo deberá intervenir de todas formas para elaborar las leyes que permitan implementar las medidas.
TENSIONES DIPLOMÁTICAS y CRISIS ENERGÉTICA
El allanamiento a la embajada de México en Quito el pasado 5 de abril para detener al exvicepresidente Jorge Glas, en opinión de algunos ecuatorianos, quiso buscar respaldo al Ejecutivo de cara a la consulta popular.
Con esa acción, rechazada a nivel internacional por violar normativas como la Convención de Viena, Noboa logró durante varios días reemplazar la discusión pública y mediática de los temas de la consulta popular por el conflicto diplomático.
Sin embargo, a esa problemática que el Gobierno intenta justificar se sumó la crisis energética, con apagones de más de cinco horas, los cuales provocan pérdidas económicas y descontento.
Ante esa situación, que perjudica el apoyo a la consulta, Noboa destituyó a la ministra Andrea Arrobo y la acusó de sabotaje junto a otros funcionarios, y aunque anunció que no habría más cortes, la falta de electricidad persiste en todo el país.
Para el investigador y analista Jacobo García, el presidente Daniel Noboa se lo juega todo en la consulta.
El problema de Noboa es que en su necesidad de reelegirse en tan poco tiempo -las presidenciales serán en febrero de 2025- está privilegiando una gestión basada en los golpes de efecto, por encima de una gestión técnica, planificada, con objetivos en el corto y mediano plazo, comentó García.
En su opinión, las preguntas de la consulta relacionadas con el trabajo por horas y el arbitraje internacional no tendrán el respaldo abrumador que Noboa quisiera tener, pero en el resto, conseguiría un apoyo considerable.
Está sobreexplotando lo que le funciona, rayando a veces en una euforia engañosa para ellos mismos, y qué mejor ejemplo que los cortes de energía, pues pasaron de celebrar que ya los habíamos superado gracias a su gestión, a echar balones fuera con el sabotaje, señaló el analista en sus redes sociales.
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