Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

La controversia se intensificó después de que el presidente Luis Abinader emitiera el Decreto 635-26, mediante el cual dejó sin efecto el Decreto 693-24, que establecía mecanismos arancelarios para regular las adquisiciones del cereal en el contexto del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).

Esta decisión gubernamental abrió un debate que trasciende los intereses de los agricultores y alcanza cuestiones como el potencial del país para garantizar el abastecimiento de un alimento básico, las condiciones de competencia entre economías desiguales y el margen de actuación de las autoridades frente a los compromisos internacionales.

En las últimas jornadas, los reclamos del sector arrocero se combinan con pronunciamientos de partidos opositores y organizaciones de izquierda, mientras el Gobierno defiende los avances de la producción nacional y anuncia iniciativas para mejorar la sostenibilidad del cultivo.

DISPUTA POR LA APERTURA COMERCIAL

El decreto suprimido había establecido aranceles del 20 por ciento para determinadas entradas de arroz dentro del volumen correspondiente y de hasta el 99 por ciento para las que excedieran ese contingente. También contemplaba una cuota de 23 mil 300 toneladas métricas de del grano blanco estadounidense con gravamen cero.

La disposición se había adoptado en medio de las preocupaciones por la liberalización prevista en el DR-Cafta, vigente desde 2005, y el vencimiento del período de protección acordado para determinados productos agrícolas.

Su retirada reavivó las inquietudes sobre la capacidad de los arroceros locales para competir con sus homólogos estadounidenses, quienes, aseguran representantes del sector local, cuentan con ventajas derivadas de los subsidios, la escala de las explotaciones, el acceso al financiamiento y las condiciones de producción.

Los arroceros sostienen que las mejoras registradas durante las últimas dos décadas en materia de mecanización, investigación y desarrollo de variedades no han puesto fin a las diferencias estructurales entre ambos mercados.

El conflicto también plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la apertura y el amparo de una actividad considerada estratégica para el abastecimiento nacional.

Aunque el cumplimiento de los compromisos del DR-Cafta constituye el argumento central de las autoridades dominicanas para explicar el cambio tras conversaciones con el Gobierno de Estados Unidos, las organizaciones críticas reclaman que el país disponga de medidas concretas que permitan preservar la producción local y los ingresos de las familias vinculadas con ella.

PRODUCTORES RECLAMAN FINANCIAMIENTO Y PROTECCIÓN

La Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) colocó entre sus principales demandas el acceso a préstamos de largo plazo, con bajas tasas de interés, períodos de gracia y garantías adaptadas a las características de la actividad agrícola.

Su presidente, Marcos Rodríguez, explicó que los agricultores necesitan recursos para preparar los terrenos, adquirir fertilizantes, atender el progreso de los cultivos y el control de plagas y malezas.

Según los datos ofrecidos por el dirigente, los fertilizantes representan entre el 35 y el 40 por ciento de los costos de producción, una proporción que refleja el peso de los insumos en la rentabilidad de las explotaciones.

Los cultivadores también mencionan el encarecimiento de los combustibles, los agroquímicos, la energía y la mano de obra, así como las dificultades que enfrentan los pequeños agricultores para acceder al crédito en condiciones favorables.

La organización también reclama la reapertura de las exportaciones del grano hacia Haití, mercado que considera una oportunidad para colocar parte de la producción dominicana.

Rodríguez estimó que el consumo mensual nacional oscila entre 1,1 y 1,15 millones de quintales y que, cuando el mercado haitiano está abierto, se agregan entre 100 mil y 150 mil quintales vinculados con ese destino.

El dirigente calcula que la actividad reúne a unos 32 mil trabajadores y genera alrededor de 300 mil empleos directos e indirectos. En esa cadena participan agricultores, trabajadores rurales, transportistas, factorías y comerciantes.

Estas cifras ayudan a explicar la dimensión social del conflicto: las consecuencias de una eventual contracción de la producción no quedarían circunscritas a las fincas, sino que podrían extenderse a otras actividades económicas vinculadas con el cultivo.

FENARROZ CUESTIONA LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO

Las diferencias entre el Gobierno y los agricultores no se limitan a la derogación del decreto. También se centran en la suficiencia de las respuestas anunciadas para preparar al sector.

La Federación Nacional de Productores de Arroz calificó de insuficientes e inoperantes las disposiciones presentadas por las autoridades dominicanas como parte de su plan de apoyo.

Según la organización, ninguna norma paliativa podrá compensar las profundas asimetrías estructurales, los subsidios y las asimetrías económicas que, sostiene, afrontan los agricultores locales frente a las importaciones estadounidenses.

El planteamiento pone en cuestión si los programas de financiamiento, las ayudas para insumos y las inversiones en tecnología bastarán para contrarrestar las diferencias entre ambos sistemas.

EL GOBIERNO DEFIENDE LOS AVANCES DEL CULTIVO

En medio de los cuestionamientos, la vicepresidenta Raquel Peña encabezó una presentación de los resultados de la producción arrocera durante las últimas dos décadas. Según los datos expuestos por las autoridades, la cosecha nacional pasó de 9,2 millones de quintales en 2005 a cerca de 14,8 millones en 2025.

Durante la actividad, los funcionarios destacaron la investigación agrícola, el desarrollo de nuevas variedades y las iniciativas dirigidas a elevar al rendimiento y la sostenibilidad del cultivo.

El ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista García, también subrayó la importancia de coordinar el trabajo de las instituciones públicas, los cultivadores, los investigadores y el sector privado y anunció que el Gobierno prepara un fondo especializado para contribuir a mejorar la eficiencia y sostenibilidad de la actividad.

Sin embargo, estos anuncios no han disipado las preocupaciones de quienes reclaman precisiones sobre el alcance de las medidas.

El debate se concentra así en dos cuestiones: qué recursos recibirán efectivamente los productores y cómo se garantizará que puedan afrontar la competencia de los bienes procedentes del exterior sin perder su capacidad.

OPOSICIÓN POLÍTICA RECLAMA CAMBIOS

El descontento también se ha expresado en el ámbito político.

El expresidente Leonel Fernández, líder de la Fuerza del Pueblo, propuso renegociar el DR-Cafta y pidió a Washington considerar las diferencias entre las economías de ambos países.

Fernández advirtió que la entrada del cereal estadounidense sin imposición tributaria podría perjudicar gravemente a los agricultores dominicanos y sostuvo que los acuerdos de esta naturaleza pueden revisarse mediante el entendimiento entre las partes.

Por su parte, el Partido de la Liberación Dominicana reclamó una evaluación de la política arrocera aplicada entre 2021 y 2026, además de un plan de contingencia y modernización con recursos y plazos definidos.

La organización propuso crear una mesa nacional de diálogo y transparentar las decisiones gubernamentales sobre el sector.

Winston Marte, miembro del Comité Central del PLD y especialista agropecuario, afirmó que las autoridades conocían desde 2020 la fecha prevista para la eliminación de los aranceles al arroz estadounidense y cuestionó que no se preparara oportunamente a los involucrados para afrontar la competencia.

ORGANIZACIONES DE IZQUIERDA DENUNCIAN SUBORDINACIÓN

Las críticas adquieren un tono más contundente entre las organizaciones de izquierda, que interpretan la derogación del decreto como una decisión contraria a los intereses de los nacionales.

El Partido Comunista del Trabajo (PCT) condenó el levantamiento del Decreto 693-24 y acusó al Gobierno de favorecer los intereses estadounidenses y a los sectores importadores por encima de los agricultores dominicanos.

La organización sostuvo que la resolución debilita la soberanía económica y llamó a los productores y a otros sectores sociales a movilizarse.

En esa misma línea, el profesor Fernando Hernández, vocero nacional del Movimiento Popular Dominicano (MPD), expresó en declaraciones a Prensa Latina que detrás de cada cosecha está el trabajo de miles de personas que siembran, cultivan, transportan y procesan el alimento que llega a la mesa.

Hernández cuestionó la política del Gobierno de subordinar decisiones fundamentales de la economía nacional a los intereses o exigencias de Washington.

A su juicio, la derogación del Decreto 693-24 deja al campo dominicano desprotegido y expuesto a una competencia que calificó de desleal e inequitativa.

El dirigente vinculó la controversia con la defensa del trabajo agrícola y de las comunidades que dependen de esa actividad, al considerar que estas decisiones tienen consecuencias que van más allá de las cifras de importación y exportación.

El rechazo también llegó a las calles. Durante la semana, el Frente Amplio protagonizó una caminata de protesta en Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, en defensa de la producción nacional.

La reprobación trasladó la controversia desde los espacios institucionales y las declaraciones públicas hasta el terreno de la movilización social.

SOBERANÍA ALIMENTARIA Y DEPENDENCIA EXTERNA

Uno de los principales argumentos de los sectores críticos es que la producción nacional no debe evaluarse exclusivamente desde la perspectiva del desempeño.

Para los agricultores y sus organizaciones, el cultivo constituye una fuente de ingresos rurales y un componente de la seguridad alimentaria, debido a la importancia del cereal en la dieta dominicana.

El director de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, Heraldo Suero, sostuvo que la soberanía alimentaria no debe quedar subordinada a las negociaciones con Estados Unidos, dadas las diferencias económicas y productivas entre ambos países.

La preocupación se relaciona con el riesgo de que una mayor participación del cereal importado reduzca los incentivos para mantener la producción local, afecte los ingresos de los agricultores y debilite las actividades de procesamiento y comercialización.

Sin embargo, el impacto final dependerá de factores como los precios internacionales, los costos de transporte, las condiciones de importación, la respuesta de la producción nacional y la evolución de la demanda.

En ese sentido, según analistas, el desafío consiste en determinar cómo compatibilizar los compromisos del país con políticas capaces de preservar una producción agrícola competitiva y evitar una dependencia de los suministros externos.

Por ahora, la derogación del Decreto 693-24 ha abierto un frente de tensión entre el Gobierno y una parte significativa de los representantes del sector arrocero, al tiempo que ha convertido la defensa de la producción nacional en un tema de movilización política y social.

El desenlace pondrá a prueba la capacidad de las autoridades dominicanas para conciliar la flexibilidad comercial con la sostenibilidad de una actividad que, según las estimaciones de sus representantes, involucra a decenas de miles de personas y genera cientos de miles de empleos directos e indirectos.

arb/mpv