Por Mariela Pérez Valenzuela

Corresponsal jefa en República Dominicana

Esta nueva fase de la investigación ha llevado ante la justicia a médicos, empleados y otras personas vinculadas al sistema sanitario. Lo que comenzó como una pesquisa sobre la gestión de la principal aseguradora pública del país, adquiere hoy dimensiones mayores.

Primero fueron funcionarios y empresarios relacionados con la institución; ahora aparecen profesionales de la medicina y prestadores de servicios señalados por el Ministerio Público de participar en mecanismos mediante los cuales, según la acusación, se habrían utilizado recursos públicos de manera irregular.

La ampliación del expediente tiene además un antecedente que explica buena parte de su alcance actual.

En diciembre de 2025 fue arrestado el entonces exdirector de SeNaSa, Santiago Hazim, junto a otros antiguos funcionarios y empresarios, en la primera etapa de la Operación Cobra. Hazim dirigió la institución entre 2020 y 2025, y permanece entre los principales imputados.

En este septiembre, el proceso dio un nuevo giro con la Operación Cobra 2.0-A, en la que fueron realizados 37 allanamientos y arrestadas inicialmente 28 personas, entre ellas, galenos. En días recientes, el Ministerio Público presentó una solicitud de medidas de coerción contra 25 imputados.

La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, resumió la situación con una frase: “apenas estamos comenzando”.

LA DIMENSIÓN SOCIAL DEL CASO

El expediente introduce una dimensión que va más allá de las cifras.

De acuerdo con la indagatoria, se registraron consultas y prácticas médicas que los afiliados aseguran no solicitaron ni recibieron. Entre los casos citados aparecen hombres cuyos datos fueron utilizados para registrar atenciones ginecológicas que también negaron.

Las autoridades remitieron documentos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, cuyos peritajes comprobaron en determinados casos que las firmas de los asegurados no correspondían con las que figuraban en los formularios. Una de las líneas de investigación sitúa en unos 41 millones de pesos (alrededor de 690 mil dólares) los pagos asociados a cuatro mil 363 autorizaciones médicas presuntamente irregulares, de acuerdo con las actuaciones del Ministerio Público.

SeNaSa tiene una dimensión que ayuda a comprender por qué el caso ha adquirido tanta repercusión. Se trata de la Administradora de Riesgos de Salud pública que concentra la cobertura de más de siete millones de personas.

UNA PREGUNTA QUE TRASCIENDE LOS TRIBUNALES

El hecho plantea así una pregunta que trasciende a los tribunales: si las anomalías investigadas se prolongaron durante años, ¿cómo funcionaron los mecanismos destinados a detectarlas y detenerlas?

A principios de septiembre, el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional concedió al Ministerio Público cuatro meses adicionales, hasta el 11 de diciembre, para concluir la averiguación. El tribunal también mantuvo las disposiciones de coerción contra varios de los acusados, incluido Hazim.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que las pesquisas continuarán y que el análisis de miles de documentos y transacciones podría llevar a identificar a otras personas vinculadas.

El propio Ministerio Público precisó que Cobra 2.0-A constituye una nueva fase derivada de las pesquisas iniciadas con la Operación Cobra y que existen diferentes modalidades por las cuales, según la hipótesis, se sustrajeron recursos de SeNaSa.

Pero a medida que aumenta el número de imputados, también cobra importancia la necesidad de individualizar responsabilidades.

El Colegio Médico Dominicano (CMD) reaccionó ante el arresto de profesionales de la medicina y dejó claro que no respalda ninguna violación de la ley, al tiempo que reclamó respeto a las garantías constitucionales.

Su presidente, Luis Alberto Peña Núñez, sostuvo que corresponde al Ministerio Público investigar y al Poder Judicial establecer las responsabilidades que pudieran derivarse.

En una línea similar, aunque desde otra institución, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reclamó que la revisión siga la ruta del dinero y alcance a quienes las pruebas identifiquen como organizadores, facilitadores o beneficiarios de las supuestas irregularidades.

Al mismo tiempo, recordó la vigencia de la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el debido proceso.

Por un lado, está la necesidad de comprobar qué ocurrió con los fondos públicos y quiénes pudieron beneficiarse de las operaciones investigadas. Por otro, la obligación de que esa determinación se produzca mediante pruebas que permitan establecer responsabilidades concretas.

Las pruebas no solo tendrán que establecer quiénes participaron en las maniobras denunciadas, sino también contribuir a esclarecer cómo pudieron desarrollarse operaciones de esa naturaleza dentro de una entidad que administra recursos destinados a garantizar servicios de salud.

Quince meses después de que el caso comenzara a hacerse público, la investigación sigue abierta, incorpora nuevos nombres y suma nuevas preguntas.

Mientras la justicia sigue la ruta de los recursos, el caso deja también una pregunta para el sistema dominicano de seguridad social: ¿cómo fortalecer los controles para garantizar que los fondos destinados a la salud de millones de asegurados sean utilizados correctamente?

Aún no es el final del caso SeNaSa; quizás sea precisamente la etapa en la que comienzan a conocerse todas sus dimensiones.

arb/mpv