Por Lianet Arias Sosa

Corresponsal jefe en México

Hace pocas semanas, un accidente automovilístico ocurrido en el norteño estado de Chihuahua desató las alertas: dos de las cuatro personas fallecidas en el siniestro resultaban agentes de Estados Unidos participantes en el desmantelamiento de un laboratorio en la entidad.

El Gabinete de Seguridad aclaró después que ninguno de los individuos (según medios, de la Agencia Central de Inteligencia) contaba con acreditación formal para participar en actividades operativas en este territorio latinoamericano.

Ni las instituciones miembros del Gabinete de Seguridad ni la Secretaría de Relaciones Exteriores conocían que agentes extranjeros estuvieran operando, o fueran a participar físicamente, en alguna acción de este tipo.

“Esto es algo que no debe ser menor para todas y todos los mexicanos. Cualquier relación que haya con el gobierno de Estados Unidos en cualquier materia y, particularmente, en seguridad tiene que pasar necesariamente por el gobierno federal”, señaló entonces la presidenta Claudia Sheinbaum.

El sábado último miles de personas marcharon en Chihuahua y respaldaron la solicitud de juicio político que planea presentar el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) contra la gobernadora María Eugenia Campos, del opositor Partido Acción Nacional.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, tildó a Campos de traidora a la patria y consideró que el agravio cometido por su administración al llamar “por fuera de la ley” a agentes extranjeros para intervenir en el país, no solo va en contra de Chihuahua, sino de todo México.

Si bien la legislación mexicana es clara y no permite la participación de agentes foráneos en operaciones, el entendimiento vigente entre ambas partes en materia de seguridad se encarga de trazar también esa misma línea roja.

Sheinbaum ha sido enfática en rechazar las reiteradas propuestas de su homólogo norteamericano, Donald Trump, de “apoyar” con fuerzas militares de aquel país el combate al crimen organizado en México, y ha subrayado que en este territorio solo operarán sus propios efectivos.

Además, pese al discurso agresivo del republicano, que ha llegado a decir que México no hace suficiente en seguridad o que está “gobernado” por los cárteles, esta nación latinoamericana implementa una estrategia con resultados que contradicen las palabras del magnate.

Durante los 19 meses del Gobierno de Sheinbaum, efectivos detuvieron a 52 mil 628 personas por delitos de alto impacto e incautaron 28 mil armas y casi 400 toneladas de droga, al tiempo que las propias autoridades estadounidenses reconocen una disminución del paso de fentanilo hacia territorio norteño.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que indagará de manera exhaustiva los hechos en Chihuahua y aplicará todo el peso de la ley en contra del responsable ante la presencia de extranjeros, al considerar la posible comisión de delitos en materia de seguridad nacional.

Para analistas, intelectuales y medios de comunicación resulta cuando menos llamativo lo que sucedió poco después de la polémica en Chihuahua: Estados Unidos solicitó la detención provisional con fines de extradición contra 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos.

PETICIONES SIN PRUEBAS

Luego de revelarse la presencia de agentes norteamericanos en la operación estatal en Chihuahua, el embajador de Washington, Ronald Johnson, declaró durante un evento en Sinaloa que la corrupción representaba un obstáculo para el desarrollo económico de esta nación latinoamericana.

Un reporte del diario norteamericano Los Angeles Times expuso en aquel momento que las palabras del diplomático marcaban en realidad el inicio de una campaña del país norteño contra funcionarios supuestamente corruptos en México.

A ello siguió que el Departamento de Justicia para el Distrito Sur de Nueva York divulgó el levantamiento de cargos contra 10 ciudadanos, entre ellos, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ahora con licencia, el senador por la entidad federativa y el alcalde de Culiacán.

Tras las imputaciones –hechas públicas por el país vecino, pese a los acuerdos vigentes de confidencialidad- la FGR concluyó que no existen evidencias para “la urgencia de la detención provisional” de los mexicanos y pidió pruebas al país norteño.

Sheinbaum afirmó que, si la Fiscalía recibe pruebas contundentes e irrefutables conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho, bajo la jurisdicción nacional.

“Lo he dicho siempre de forma clara y hemos actuado en consecuencia: nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito; sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político”, sostuvo.

Los cuestionamientos no tardaron en llegar del lado opositor, que obvió recordar que en menos de un año las autoridades mexicanas han cumplido casi un centenar de solicitudes de extradición realizadas por Washington, que constaban de todos los elementos requeridos.

Sin embargo, Estados Unidos no concedió ninguna de las 269 peticiones de extradición planteadas por México desde enero de 2018 hasta el 13 de mayo último, aun tratándose de casos de delincuencia organizada o sujetos vinculados a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.

En relación con el tema de Sinaloa, el prestigioso diario La Jornada alertó que la intención desestabilizadora y vengativa de Washington no podría ser más obvia.

“La embestida se produce días después de que en México se destapara la conspiración del gobierno panista de Chihuahua para hacer de la entidad una base de operaciones del espionaje de Washington”, indicó.

En días recientes, Sheinbaum aseveró durante un acto en el sureste del país que ningún gobierno extranjero ni “los corruptos de antes” arrebatarán el proceso de transformación, iniciado en 2018 por el exmandatario Andrés Manuel López Obrador, al pueblo de esta nación latinoamericana.

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