Por Adriana Robreño

Corresponsal jefe en Ecuador

Tras un período de transición iniciado en 2023, el Gobierno apostó por reformas orientadas al ajuste fiscal, la reestructuración institucional y una mayor alineación con organismos financieros internacionales, decisiones que generaron críticas de distintos sectores.

Las medidas económicas impulsadas por el Ejecutivo impactaron directamente en el empleo público y los subsidios a los combustibles, mientras que en el plano político se profundizó la polarización entre el oficialismo y la Revolución Ciudadana (RC), principal fuerza opositora.

Ecuador transitó 2025 entre promesas de modernización, cuestionamientos a la legitimidad de decisiones clave y una creciente movilización social.

ELECCIÓN DISPUTADA

El 2025 comenzó en Ecuador con la campaña electoral previa a la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que se definieron en un balotaje en abril entre Luisa González, de la RC, y Daniel Noboa, quien consiguió la reelección.

Aunque cuestionado por el movimiento político opositor, que denunció un presunto fraude electoral y exigió auditorías adicionales, las autoridades electorales hicieron caso omiso y mantuvieron los resultados.

La denuncia de la RC está basada en el estudio del Instituto Canario de Análisis Criminológico, laboratorio según el cual la tinta usada en la segunda vuelta de los comicios fue “altamente transferible” y determinó la vulnerabilidad de las papeletas de votación.

Esa problemática la recogió la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su informe preliminar, aunque ese organismo descartó la existencia de fraude.

A su vez, el expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder y fundador de la RC, expuso una serie de estudios matemáticos, estadísticos y criminológicos que evidenciaron la existencia de un “megafraude electoral” en los comicios, donde el CNE declaró como ganador a Noboa.

Además de la reelección, el gobernante consiguió mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento) con los electos por su movimiento Acción Democrática Nacional (ADN) y representantes de otras organizaciones que se sumaron al bloque oficialista.

La crisis de seguridad y los problemas económicos estaban en la agenda ciudadana, que esperaba soluciones.

AJUSTES ECONÓMICOS Y RELACIÓN CON EL FMI

Uno de los principales desafíos de la administración de Noboa es la falta de inversiones públicas y una elevada presión sobre las finanzas, según advierten analistas.

En ese escenario, el Gobierno profundizó su relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) cumpliendo compromisos vinculados a la reducción del déficit y a reformas estructurales.

Entre las medidas más sensibles de los últimos meses, que el Gobierno asegura que no tienen nada que ver con el acuerdo crediticio con el FMI, estuvo el fin del subsidio al diésel que, según organizaciones sociales, impacta directamente en el costo de vida.

El ajuste incluyó también despidos de cinco mil funcionarios en el sector público y la reducción del número de ministerios, decisiones defendidas por el Ejecutivo como necesarias para racionalizar el Estado, pero cuestionadas por sindicatos y analistas.

Un estudio elaborado por la Red Latinoamericana y del Caribe por Justicia Económica, Social y Climática (Latindadd) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), afirmó que la nación sudamericana es el segundo país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Hasta julio de 2025, la deuda pública consolidada (interna y externa) alcanzó los 84 mil millones de dólares que representa 65 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con el análisis.

La Latindadd y el CDES señalan que 21 por ciento de los ingresos del Estado se destina solo a pagar deuda, lo que desplaza el presupuesto destinado a salud, educación y servicios esenciales.

UN MES DE PROTESTAS CONTRA MEDIDAS DE NOBOA

El descontento social se expresó en un paro nacional impulsado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y al que se sumaron otros sectores populares en rechazo al alza del diésel y en general la política económica del Ejecutivo.

Las movilizaciones, que se extendieron del 22 de septiembre al 22 de octubre, paralizaron carreteras y ciudades, fundamentalmente en la sierra norte del país.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció que durante el levantamiento hubo 391 violaciones cometidas por policías y militares.

A causa de la represión de la fuerza pública se registraron tres muertos, Efrain Fuerez, José Guamán y Rosa Paqui, esta última falleció como consecuencia de gas lacrimógeno y los dos jóvenes indígenas por impactos de bala, de acuerdo con las organizaciones.

NI BASES MILITARES NI CONSTITUYENTE, FRACASO DE NOBOA EN LAS URNAS

La victoria del No en todas las preguntas de la consulta popular y referéndum fue un 4-0 político que abrió un nuevo capítulo en Ecuador y expuso la fuerza organizada del país para frenar las intenciones de Noboa.

Según el conteo oficial, el No se impuso con el 61,8 por ciento en la pregunta que buscaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva carta magna que sustituyera a la actual, aprobada durante el Gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).

Por su parte, el 60,82 por ciento de los ecuatorianos se pronunció contra la eliminación de la prohibición constitucional de instalar bases militares extranjeras en el territorio nacional, una iniciativa sobre la cual ya Noboa dialogaba con Estados Unidos.

Además, el 53,7 por ciento dijo No a reducir el número de legisladores de 151 a 73 y el 58,3 por ciento se negó a eliminar el financiamiento público a los partidos políticos.

Representantes de colectivos que defendieron el voto por el No en la consulta consideraron que los resultados constituyen una victoria “colectiva” y un mensaje para que el mandatario rectifique su rumbo político.

El coordinador territorial de la campaña Ecuador, No te dejes, Felipe Bonilla, aseguró que la jornada de votación expresó “la memoria histórica de este pueblo, que ya ha dicho en varias ocasiones que no queremos bases militares, que queremos respetar los derechos, sostener y cuidar la naturaleza”.

“Esta es una victoria colectiva”, dijo Bonilla, quien insistió en que “no fue un triunfo de un partido ni de una tendencia, fue una victoria del pueblo ecuatoriano”.

Analistas coincidieron en que la derrota del Gobierno en el plebiscito tiene explicaciones estructurales y acumuladas, al ser en parte un reflejo del descontento popular ante las medidas de Noboa que provocan un alto costo de la vida y descontento social.

A eso se suma el repunte de muertes originadas por el narcotráfico y las bandas de crimen organizado, que superaron las siete mil 400 de enero a octubre sin que los decretos de Estado de excepción ni la militarización lograran frenar los homicidios.

El economista Andrés Arauz, secretario ejecutivo de la RC, consideró que el resultado de la consulta estuvo marcado por un clima social atravesado por el miedo que —según explicó— condicionó la expresión política de amplios sectores de la población.

De acuerdo con su análisis, las encuestas digitales anticiparon con mayor precisión el rechazo ciudadano a las propuestas de Noboa, ya que ofrecían un entorno de privacidad que no existía en los sondeos presenciales, en los cuales muchas personas evitaron expresar su verdadera intención de voto.

Arauz señaló que la estrategia gubernamental apostó a capitalizar el temor vinculado a la inseguridad y al conflicto armado interno, pero que ese recurso terminó erosionándose por el escepticismo ciudadano.

CRISIS DE SALUD

El sistema de salud pública vivió uno de sus momentos más críticos del año, con reiteradas denuncias de desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales estatales, así como hechos que conmocionaron al país, entre ellos la muerte de neonatos en un hospital de Guayaquil.

Otro suceso que indignó a los ecuatorianos fue el de una bebé de la comunidad achuar de solo un mes, cuyo cadáver fue entregado a su madre en una caja de cartón sellada con cinta adhesiva en el Hospital General de Macas, en la misma demarcación de Morona Santiago.

A eso se suma que desde el 1 de diciembre miles de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) dejaron de recibir atención, porque el Estado le debe más de mil 300 millones de dólares a prestadores externos.

En Ecuador, el IESS mantiene convenios con clínicas y hospitales privados —conocidos como prestadores externos— para cubrir la atención de afiliados cuando la red pública no tiene capacidad.

En medio de las críticas, el Gobierno declaró emergencia para la compra de medicamentos e insumos, sin embargo, eso no se ha visto reflejado en la atención de salud, una cartera que Noboa encargó a la vicepresidenta María José Pinto.

VIAJES PRESIDENCIALES

A lo largo de 2025, el presidente realizó varios viajes al exterior con el objetivo oficial de atraer inversiones, fortalecer alianzas y posicionar al país en foros internacionales.

Esas giras generaron polémica, tanto por su frecuencia como por los costos, en un contexto de ajuste económico y demandas sociales insatisfechas.

El Ejecutivo defendió los desplazamientos como parte de una estrategia para reactivar la economía y mejorar la imagen internacional de Ecuador, aunque el país enfrenta una crisis de seguridad, masacres carcelarias y protestas por el sistema de salud.

Tras el fracaso de la consulta, el mandatario salió inmediatamente hacia Estados Unidos en un viaje declarado reservado por “seguridad”, lo que agrava la percepción de opacidad respecto a los itinerarios del gobernante.

A su vez, en materia de política exterior analistas advirtieron sobre el alineamiento de Quito con Washington, evidenciado en el cambio de postura respecto a posiciones históricas del país sudamericano, como el voto de abstención sobre el bloqueo a Cuba y la postura sobre Palestina.

arc/avr